La indemnización de $807 millones a un exvendedor de Manaos generó un fuerte debate en torno a los criterios judiciales aplicados en la justicia laboral mendocina y motivó la reacción pública del empresario Orlando Canido, fundador de Refres Now SA.
El fallo, que en primera instancia había fijado una condena superior a $1.463 millones, fue revisado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que redujo el monto pero mantuvo la condena por despido y relación laboral encubierta.
El caso tuvo origen en la demanda presentada por un exvendedor que trabajó para la firma entre 2013 y 2022 como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa. El trabajador denunció despido sin causa, irregularidades en la registración laboral, descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.
En abril de 2025, el máximo tribunal provincial confirmó la responsabilidad de la empresa, aunque modificó el cálculo de intereses. De este modo, la condena quedó establecida en poco más de $807 millones, suma compuesta por indemnización e intereses, que continuarán acumulándose hasta el efectivo pago.
La reacción del dueño de Manaos
Tras conocerse la resolución judicial, Orlando Canido expresó su sorpresa por los montos fijados. “Ahora todo está en manos de un estudio jurídico”, afirmó el empresario en declaraciones públicas, al referirse a la estrategia legal que adoptará la compañía frente al fallo.
Canido ya había calificado anteriormente la sentencia como “insólita y absolutamente fuera de contexto”. En ese sentido, cuestionó el cálculo de la indemnización y señaló: “Había trabajado unos seis años o siete años para mí, no sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”.
El empresario aseguró que respeta los derechos de los trabajadores, aunque consideró que la normativa laboral debería revisar el esquema de indemnizaciones. Sobre el exvendedor que inició el juicio en Mendoza, deslizó: “A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio”.
El trasfondo del debate laboral
El caso se produjo en un contexto en el que el Senado dio media sanción a un proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa propone definir con mayor precisión qué conceptos corresponden en una indemnización y limitar la discrecionalidad judicial en el cálculo de actualizaciones e intereses.
En ese marco, la millonaria condena contra Refres Now SA fue citada como ejemplo de las distorsiones que, según empresarios, se generan en el fuero laboral. El monto original de la sentencia equivalía a aproximadamente un millón de dólares, cifra que luego fue reducida a poco más de medio millón de dólares tras la revisión del tribunal superior mendocino.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza sostuvo la condena por despido y relación laboral encubierta, pero modificó la tasa de interés aplicada. En lugar de la fórmula inicial, dispuso la utilización de la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación y ordenó que la empresa pague la suma en un plazo de cinco días.
Antecedentes y posiciones empresarias
Tiempo atrás, en el podcast “La Fábrica”, Canido había planteado su postura sobre la situación laboral en la Argentina. Recordó que cuando inició su actividad, hace más de 20 años, existían 43 fábricas de gaseosas, mientras que actualmente quedan seis. En ese mismo espacio mencionó el caso judicial en Mendoza como ejemplo de los riesgos que enfrentan las empresas.
“Hoy un empleado que trabaja un año por cualquier motivo manda una carta documento y se considera despedido. Ve la posibilidad de ganar plata sin trabajar y no lo duda un segundo. Trata de sacar el mejor provecho”, expresó en aquella oportunidad. Y agregó: “Yo tengo un juicio de un jefe de ventas; no sé cuánto trabajó conmigo, si 6 ó 7 años y fallaron a favor de él en Mendoza por un millón de dólares”.
Detalles del fallo judicial
El exvendedor había iniciado su vínculo laboral en octubre de 2013 y sostuvo que la relación fue formalizada recién en 2015. Alegó que durante varios años existieron acuerdos y contratos que no reflejaban la verdadera naturaleza del vínculo laboral.
La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael fijó inicialmente la indemnización en $1.463 millones. Tras la apelación de la empresa, la Suprema Corte provincial revisó el cálculo y redujo el monto a $807 millones a valores de abril de 2025, aunque los intereses continúan acumulándose.
El tribunal consideró acreditada la existencia de despido sin causa y de irregularidades en la registración laboral. No obstante, ajustó el cálculo de intereses y tomó en cuenta el perfil económico del trabajador para establecer el nuevo monto de condena, publicó Infobae.
Mientras tanto, la empresa evalúa los pasos a seguir a través de su equipo jurídico. El caso reavivó el debate sobre el alcance de las indemnizaciones laborales en la Argentina y sobre la necesidad, planteada por distintos sectores empresariales, de establecer parámetros más claros y previsibles para la determinación de estas compensaciones.