Ley de Tierras y la compra de campos por extranjeros volverán a estar en el centro del debate este jueves, cuando el Senado analice el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen vigente.

La iniciativa propone eliminar los límites para que personas y empresas privadas extranjeras adquieran tierras rurales, aunque mantiene controles reforzados cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.

De ser aprobada, la reforma significaría un cambio profundo en la política de acceso a la propiedad rural y colocaría a la Argentina entre los países con menos restricciones de Sudamérica para este tipo de inversiones. La propuesta forma parte del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", elaborado por el Ministerio de Desregulación.

Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera.

Según datos oficiales, alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas se encuentra hoy en manos extranjeras, una cifra muy inferior al máximo permitido por la normativa.

Brasil mantiene uno de los controles más estrictos

El modelo brasileño es uno de los más restrictivos de la región en materia de adquisición de tierras por parte de extranjeros. La Ley 5.709/71 establece que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 25% del territorio de cada municipio.

Además, dispone que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 10% de la superficie municipal. El control de estas operaciones está a cargo del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), organismo que registra y supervisa las adquisiciones.

En comparación, el proyecto que impulsa el Gobierno argentino elimina esos límites para los inversores privados, por lo que el régimen nacional sería considerablemente más flexible que el vigente en Brasil.

Uruguay prioriza la identificación de los propietarios

A diferencia de Brasil, Uruguay no prohíbe la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque exige mecanismos de transparencia para identificar a los verdaderos propietarios de los inmuebles.

La legislación uruguaya obliga a registrar la titularidad de las tierras, identificar a los accionistas de las sociedades propietarias y transparentar la composición accionaria de las empresas que adquieren campos.

En paralelo, el Parlamento uruguayo analiza proyectos destinados a fortalecer los controles sobre las operaciones, especialmente cuando involucran inmuebles ubicados en zonas de frontera. Si prospera la reforma impulsada por el Gobierno argentino, el régimen nacional sería incluso menos restrictivo que el uruguayo.

Paraguay registra una fuerte presencia de capital extranjero

Paraguay constituye otro caso particular dentro de la región. Si bien mantiene regulaciones sobre la propiedad rural, presenta uno de los mayores niveles de extranjerización de la tierra.

Diversos estudios estiman que entre el 14% y el 19% del territorio paraguayo pertenece a propietarios extranjeros. En algunos departamentos fronterizos esa participación alcanza hasta el 60%, principalmente como consecuencia de inversiones provenientes de Brasil.

No obstante, especialistas señalan que esa situación responde a un proceso histórico de expansión agrícola y no necesariamente a una política de apertura irrestricta similar a la que plantea actualmente la iniciativa del Gobierno argentino.

Qué busca cambiar el proyecto de Milei

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la legislación vigente desalienta inversiones de gran escala, especialmente en sectores como la actividad forestal, los sistemas de riego y los cultivos permanentes en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia, publicó NA.

Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la reforma busca diferenciar claramente a los inversores privados de los Estados extranjeros. Mientras los particulares dejarían de tener restricciones para comprar tierras rurales, los gobiernos extranjeros y las empresas bajo su control necesitarán autorizaciones específicas para concretar operaciones.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, Argentina pasará de tener uno de los sistemas con mayores limitaciones legales para la compra de tierras rurales por extranjeros a integrar el grupo de países con reglas más abiertas de Sudamérica, en contraste con Brasil, que mantiene límites territoriales; Uruguay, que prioriza la transparencia; y Paraguay, donde la importante presencia de capital extranjero convive con regulaciones específicas.