JUFEJUS cuestionó las modificaciones al mecanismo de selección de integrantes de la CSJN, tribunales inferiores y ministerios públicos mediante una declaración institucional difundida tras una reunión realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su preocupación por el Decreto Nº 467/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, que introdujo cambios en los procedimientos administrativos vinculados a la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales inferiores y ministerios públicos.
Según expresó la entidad, las modificaciones incorporadas a los Decretos Nº 222/2003 y Nº 588/2003 afectan mecanismos de participación ciudadana, publicidad y transparencia que formaban parte de las etapas previas a la elevación de candidaturas al Honorable Senado de la Nación.
Reafirmaron la importancia de la transparencia
En el documento, JUFEJUS sostuvo que los procedimientos implementados desde 2003 contribuyeron al fortalecimiento institucional del sistema de designación de autoridades judiciales, promoviendo instancias de control público y acceso a la información.
Asimismo, la organización remarcó la necesidad de preservar herramientas que garanticen la transparencia, la participación ciudadana y la confianza pública en los procesos de selección de quienes integran los órganos encargados de administrar justicia.
La declaración fue dada a conocer luego del encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde participaron representantes de las máximas autoridades judiciales de distintas jurisdicciones del país.
Participación entrerriana
Por Entre Ríos asistieron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno; el vicepresidente, Carlos Tepsich; el vocal Daniel Carubia; y la vocal Claudia Mizawak, quien participó de manera virtual.
El pronunciamiento se sumó al debate institucional generado tras la publicación del decreto nacional y puso el foco en la necesidad de mantener estándares de publicidad y control ciudadano en los procesos de designación judicial.