La Justicia federal de Paraná decidió avanzar en la investigación de los justificativos que dieron los dos profesionales a quienes se les encontró 66 plantas de marihuana en su domicilio y consultorio de calle Don Bosco y Brasil. La coartada de los profesionales, que hasta ahora no resultó verosímil en el Juzgado de calle 25 de Mayo, es que la plantación perseguía fines terapéuticos.

El juez federal Gustavo Zonis y el fiscal José Ignacio Candioti avanzaron con una serie de medidas tendientes a determinar, entre otras casas, qué posibilidades hay de que esas plantas tuvieran propiedades medicinales. Mientras tanto, los acusados por el delito de Cultivo de estupefacientes siguen detenidos en las cárceles 1 y 6 de la capital entrerriana y corre el plazo para que Zonis resuelva la situación procesal de ambos.

El juez y el fiscal intentan dilucidar si los imputados tenían autorización para el cultivo de cannabis con fines medicinales. Para eso avanzaron con una serie de medidas. Se solicitaron informes a organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y se está a la espera de las respuestas.

Por otro lado se requirió a Gendarmería Nacional la realización de pericias sobre las 66 plantas secuestradas, a fin de establecer si poseen aptitudes de curación de enfermedades como para ser utilizadas con fines terapéuticos, ya que no cualquier planta de marihuana puede ser utilizada con ese propósito.

Además se trata de determinar si el odontólogo y la psicóloga de calle Don Bosco estaban autorizados por sus respectivos colegios profesionales para desempeñarse como tales.

El sábado 4 de febrero, durante un allanamiento, la Policía encontró 66 plantas de hasta 1,60 metros de altura, que estaban dispuestas en habitaciones acondicionadas como verdaderos viveros, con luces especiales y hasta una decena de pavos que criaban para utilizar la materia fecal como abono.

Cuando fueron llevados a declarar, así como en algunas apariciones en los medios de comunicación antes de ser detenidos, la pareja intentó justificarse diciendo que utilizaban las plantas para tratamientos.

Por otra parte, se supo que el defensor oficial, Juan Carlos Ferrari, interpuso recurso de apelación contra la resolución del juez Zonis que denegó la excarcelación de los imputados. Utilizó en su escrito los mismos argumentos que en el requierimiento rechazado –arraigo en Paraná y ausencia de antecedentes penales– y ahora debe decidir la Cámara Federal de Apelaciones.

En su oportunidad, Zonis y Candioti habían coincidido en oponerse a la pretensión en base a la gravedad del delito –contempla una pena de 4 a 15 años de prisión–, a que existen indicios de culpabilidad, a que existen medidas pendientes de producción y que podrían llegar a entorpecer la investigación en caso de quedar libres. (Diario Uno)