El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú rechazó la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial y exigió que la Justicia Federal revise la medida. La entidad calificó la resolución como “injusta, extemporánea y perjudicial” y advirtió que podría afectar la actividad productiva y el empleo local.
El pronunciamiento se conoció este jueves, después de que el juez federal Hernán Viri ordenara ejecutar la clausura efectiva de la planta, a pedido del Ministerio Público Fiscal. La decisión se adoptó luego de que quedara firme la resolución judicial que había dispuesto el cierre de las instalaciones.
La medida se enmarca en una causa ambiental en la que se incorporaron análisis de agua de la Cañada El Melgar, donde se detectaron elevados niveles de contaminación bacteriana y concentraciones de metales pesados superiores a los límites permitidos.
El Centro Comercial e Industrial cuestionó la decisión judicial
En un comunicado dirigido a la comunidad, el Centro de Defensa Comercial e Industrial expresó su “repudio” a la resolución y solicitó que se suspenda su aplicación.
La institución sostuvo que el cierre afecta a las empresas que producen, generan puestos de trabajo y pagan impuestos, en un contexto que describió como de recesión industrial y comercial.
Además, cuestionó que la medida se haya dispuesto pese al proceso de regularización técnica y legal que, según la entidad, llevó adelante la administración del Parque Industrial.
“Es incomprensible que la Justicia avance con la paralización total de un sistema que actualmente cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental”, expresó el comunicado.
La entidad consideró que la resolución también podría desalentar inversiones y perjudicar el funcionamiento de las industrias instaladas en el predio.
“Una decisión judicial apresurada y violenta”
El comunicado incluyó cuestionamientos al accionar de la Justicia Federal y a las consecuencias económicas que la institución atribuye a la clausura.
El Centro de Defensa Comercial sostuvo que la actuación judicial “no repara en consecuencias” y afirmó que la resolución desconoce la situación de quienes desarrollan actividades productivas en Gualeguaychú.
También manifestó que no recuerda “una decisión judicial apresurada y violenta” que afecte de esa manera a lo que considera uno de los principales motores económicos de la ciudad.
En ese marco, reclamó que se revise la decisión y se contemple la situación de las empresas que dependen del funcionamiento de la planta de tratamiento.
“Exigimos su pronta corrección”, concluyó la entidad.
Asimismo, propuso convocar a representantes de los sectores productivos y a los ambientalistas que promovieron la medida para abordar el conflicto.
Por qué la Justicia ordenó clausurar la planta de efluentes
La clausura fue dispuesta por el juez federal Hernán Viri, quien ordenó ejecutar una resolución judicial que ya había quedado firme.
La decisión respondió a un pedido del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación sobre el funcionamiento de la planta encargada de tratar los efluentes industriales del predio.
Según informó R2820, entre los elementos evaluados por la Justicia se encuentran los resultados de estudios realizados sobre muestras de agua tomadas en la Cañada El Melgar, lindera al Parque Industrial y al barrio Don Pedro.
Los análisis detectaron una elevada carga bacteriana, incluida la presencia de Escherichia coli, además de metales pesados en concentraciones superiores a los límites permitidos.
Estos resultados fueron considerados por los magistrados al evaluar las condiciones ambientales vinculadas con el funcionamiento de las instalaciones.
El certificado ambiental, otro punto del conflicto
Uno de los aspectos señalados en la resolución judicial fue que la planta había funcionado con el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021.
Ese antecedente formó parte de los elementos considerados por la Justicia para sostener la medida de clausura.
Sin embargo, el Centro de Defensa Comercial e Industrial afirmó en su comunicado que la planta actualmente cuenta con dicho certificado y que se encuentra en cumplimiento de las normas exigidas.
De esta manera, existe una diferencia entre los antecedentes ambientales considerados en el expediente judicial y la situación actual que sostiene la entidad comercial. La información difundida no permite establecer si la documentación mencionada por la institución fue incorporada o evaluada en la última decisión judicial.