La suspendida procuradora adjunta de la Justicia entrerriana, Cecilia Goyeneche, señaló que durante los horarios de actividad judicial está en su casa porque “me han impuesto una suerte de medida preventiva, por lo que, mientras dure el enjuiciamiento al que me han sometido, no puedo ejercer mi cargo”.

Tras ello, manifestó que por esto no puede intervenir como acusadora en el juicio contra ex funcionarios por delitos contra la administración pública y describió los pormenores de estas causas, haciendo hincapié en que uno de los acusados es el exgobernador, Sergio Urribarri.

En diálogo con la periodista María O'Donnell, quien conduce un programa en Urbana Play FM, insistió con su postura en cuanto a que interpreta que esta acusación en su contra tiene como objetivo correrla de la investigación de estas causas. “No me cabe ninguna duda”, afirmó al ser consultada al respecto.

Argumentó en tal sentido que, “para que le hagan un jury a un magistrado judicial tiene que haber alguna causal de importancia” y afirmó que la suspensión en el cargo es “una decisión absolutamente excepcional. Esto es más o menos como la prisión preventiva en una causa penal”.

Interrogada sobre la causal que generó el enjuiciamiento en su contra, afirmó que tiene que ver “con una cuestión absolutamente cotidiana en los procesos penales y es que me atribuyen que me debí haber apartado en una investigación muy, muy grande que existe en Entre Ríos. Se la conoce como la causa de los contratos que se inició a fines de 2018, vinculada con que se descubrió por casualidad que estaban realizando desde aproximadamente 10 años antes contrataciones de personal masivas en la Legislatura provincial, pero eran ficticias. Las personas no trabajaban y el dinero se devolvía a funcionarios de las Cámaras y llegaba también al cuñado de Urribarri”.

Y continuó: “Una de las personas imputadas era amigo de mi esposo. Eso llevó a que al poco tiempo de que se inició esa causa, me empezaron a atribuir ese vínculo y me cuestionaron que debí apartarme. En el análisis que realizamos consideramos que no era una causal de apartamiento porque la situación del fiscal no es la del juez, por lo que las causales de apartamiento del fiscal, que es quien investiga, son muy restringidas”.

Acotó al respecto que, “esa investigación tiene 32 acusados y actualmente está enviada a juicio. Hoy esta persona (el contador Opromolla) tiene una condena de seis años en ciernes, pedida por los fiscales. Se le allanó el domicilio y se le secuestraron todas las cosas, por lo que no hubo ninguna preferencia ni consecuencia. Pero existe un mito popular de que el que es amigo de algún funcionario judicial va a ser beneficiado. Eso no ocurrió, nosotros investigamos la causa con absoluta honestidad”, afirmó finalmente. Elonce.com