Una intervención quirúrgica que buscaba resolver un problema en la rodilla terminó con una consecuencia irreversible para una joven de 29 años. La Justicia Nacional en lo Civil condenó a un médico, un hospital y una obra social a pagar una indemnización millonaria por mala praxis.
El caso se originó a partir de una operación programada en 2021, cuando la paciente ingresó a un centro de salud para tratar una luxación recurrente de rótula. La cirugía de rodilla no presentó complicaciones inmediatas, según la historia clínica, pero el cuadro cambió tras el procedimiento.
Con el correr de las horas, la mujer comenzó a presentar una pérdida total de sensibilidad y movilidad en su pierna izquierda, lo que marcó el inicio de un deterioro permanente.
El origen del daño y las pericias
Según su testimonio, antes de la operación se le colocó un torniquete en el muslo que le provocó un dolor intenso. A pesar de advertirlo, no se habrían tomado medidas para corregir la situación.
Tras el alta médica, otorgada al día siguiente, la paciente continuó con dificultades para movilizarse incluso con asistencia. Ante la persistencia de los síntomas, consultó con otros especialistas.
Los estudios posteriores confirmaron una lesión en el nervio femoral izquierdo. Las pericias indicaron que el daño era compatible con una compresión isquémica, vinculada a la cirugía de rodilla.
Responsabilidades y fallo judicial
El tribunal analizó informes médicos y determinó que existió una falla en los estándares de atención durante la intervención y el postoperatorio. En ese sentido, consideró que hubo un incumplimiento en los deberes de cuidado.
Además del profesional que realizó la operación, la responsabilidad alcanzó al hospital donde se llevó a cabo el procedimiento y a la obra social que brindaba cobertura a la paciente.
Los jueces remarcaron que, aunque la obligación médica es de medios y no de resultados, en este caso se evidenció una conducta negligente que derivó en un daño permanente.
La sentencia fijó una indemnización total de 115.280.000 pesos. De ese monto, 75 millones corresponden a la incapacidad sobreviniente y 40 millones al daño moral. También se incluyeron sumas menores por gastos médicos y traslados, mientras que otros reclamos no prosperaron por falta de pruebas.