La Policía de Santa Fe podrá exigir el IMEI del celular a cualquier ciudadano para verificar su origen legal, luego de que la Legislatura provincial sancionara una ley destinada a combatir el robo y la comercialización clandestina de dispositivos tecnológicos. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado, que aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La normativa amplió las facultades policiales para realizar controles en la vía pública, incluso sin una investigación previa o una orden judicial. Los agentes podrán solicitar la exhibición del código identificatorio de teléfonos celulares y otros equipos similares, con el objetivo de comprobar si registran denuncias por robo o irregularidades.
La medida forma parte de la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, una herramienta que busca fortalecer la trazabilidad de los aparatos y desalentar su comercialización ilegal.
Qué es el IMEI y cómo se puede consultar
El IMEI, sigla de International Mobile Equipment Identity, es un código único de 15 dígitos que identifica a cada equipo móvil. Permite verificar su situación y determinar si figura en registros de dispositivos denunciados como robados o extraviados.
Para conocerlo, los usuarios pueden marcar *#06# desde la aplicación de llamadas del teléfono. El número aparece automáticamente en la pantalla y también suele encontrarse impreso en la caja original del dispositivo.
Durante los controles, los efectivos podrán solicitar este identificador y contrastarlo con las bases oficiales de consulta, entre ellas la disponible en imei.enacom.gob.ar. También podrán requerir el DNI del propietario o poseedor del aparato.
Qué sucederá si el usuario se niega a desbloquear el teléfono
Uno de los principales cambios incorporados por Diputados estableció límites al procedimiento policial. Según el texto aprobado, los agentes no podrán exigir la apertura del teléfono si su poseedor se opone, aunque la normativa contempla la posibilidad de secuestrar el dispositivo mediante el procedimiento correspondiente.
Esta modificación respondió a los cuestionamientos planteados durante el tratamiento legislativo, principalmente por el riesgo de abusos en los controles y la necesidad de establecer garantías para los ciudadanos.
Cuando la consulta oficial detecte irregularidades, el personal policial podrá efectuar una requisa personal y secuestrar el aparato, con comunicación inmediata al Ministerio Público de la Acusación. La aplicación concreta de estas facultades deberá precisarse mediante la reglamentación provincial.
Geolocalización de celulares robados y actuación policial
Otra de las novedades fue la incorporación de la geolocalización como herramienta para intervenir ante determinados hechos delictivos. La ley contempla que el rastreo de un teléfono sustraído pueda utilizarse para configurar un supuesto de flagrancia.
De esta manera, cuando una víctima logre identificar mediante una aplicación dónde se encuentra su celular robado, las fuerzas de seguridad podrán actuar de forma inmediata para intentar recuperarlo.
Durante el debate, el senador oficialista Ciro Seisas destacó que esta herramienta permitiría intervenir sin las demoras habituales de una autorización judicial previa. Sin embargo, su alcance concreto, especialmente para el ingreso a domicilios, dependerá de las condiciones legales y procesales aplicables.
Según explicó Seisas, en Santa Fe se denunciaban aproximadamente 200 robos de teléfonos celulares por día, mientras que apenas el 5% de los equipos sustraídos era recuperado. El legislador aclaró que esas cifras no incluían los delitos que nunca llegaban a denunciarse, publicó El Litoral.
Controles a comercios de celulares usados
La legislación también estableció mecanismos de registro y fiscalización para los establecimientos dedicados a la compraventa y reparación de dispositivos usados.
El sistema buscará identificar equipos con números IMEI adulterados y controlar su circulación comercial. Además, incorporará herramientas administrativas y tecnológicas para detectar operaciones vinculadas con teléfonos de procedencia ilegal.
Estas disposiciones apuntan tanto a quienes sustraen los dispositivos como a los circuitos que facilitan su posterior comercialización. La implementación quedará a cargo de las autoridades provinciales y requerirá la reglamentación correspondiente.
El debate político y la aprobación por unanimidad
La sanción definitiva se produjo después de un recorrido legislativo que había generado diferencias entre oficialismo y oposición. En septiembre, el peronismo había rechazado el proyecto original al considerar insuficiente el espacio para introducir modificaciones.
El senador Armando Traferri explicó que su bancada decidió acompañar la iniciativa después de que Diputados incorporara cambios solicitados durante el debate anterior. De esa manera, el texto obtuvo el respaldo unánime de la Cámara Alta.
Por su parte, el radical Esteban Motta valoró la incorporación de nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad y la Justicia. También planteó la necesidad de avanzar con otros proyectos, entre ellos el de Prevención de los Femicidios.
Finalmente, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el tratamiento de iniciativas relacionadas con la seguridad y manifestó su preocupación por la demora en Diputados del proyecto sobre violencia de género, que había recibido media sanción el 22 de octubre.