La adopción ilegal de la hija de Leonardo Fornerón volvió a conmover al ámbito judicial y a la opinión pública luego de que un tribunal de la Capital Federal absolviera a todos los acusados en una causa que lleva más de 25 años de lucha, fallos contradictorios y una condena internacional contra el Estado argentino.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Domingo Luis Altieri, Ángel Gabriel Nardiello y Marcelo Bartumeu Romero. Este viernes, el cuerpo judicial adelantó el veredicto absolutorio para todos los imputados, mientras que los fundamentos de la decisión se conocerán recién en febrero, publicó Análisis.

El fallo significó un nuevo golpe para Leonardo Fornerón, quien había llegado al juicio con la expectativa de poner un punto final a un derrotero judicial iniciado en el año 2000, cuando denunció que su hija había sido entregada en adopción sin su consentimiento y mediante un procedimiento irregular. Tras la absolución, la querella anticipó que la pelea judicial continuará en instancias superiores.

Un juicio con fuerte impacto institucional

En el banquillo de los acusados se sentaron los padres que criaron a la niña, la madre biológica, el exjuez de Victoria Raúl Del Valle, el abogado Francisco Salvador Espona y los intermediarios Paul Reynoso y Ariel Barreto. Todos fueron absueltos, pese a que la querella había solicitado condenas por el delito de sustracción y retención de una menor de diez años, que prevé penas de entre cinco y quince años de prisión.

Desde la querella calificaron la decisión como de “elevada gravedad institucional”, en declaraciones realizadas al medio Análisis, al considerar que el fallo desconoce antecedentes judiciales y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El juicio había comenzado a mediados de noviembre y se extendió durante varias audiencias, en las que se revisó un entramado judicial y administrativo que, según la acusación, permitió concretar una adopción irregular con participación de funcionarios judiciales entrerrianos.

La historia de una paternidad vulnerada

Leonardo Fornerón fue padre en junio del año 2000. Según reconstruyó la causa, su entonces pareja dio a luz a una beba en la ciudad de Victoria sin informarle que estaba embarazada. Poco después del nacimiento, la niña fue entregada a un matrimonio de Buenos Aires sin el consentimiento del padre biológico y en un proceso que luego sería cuestionado por la Justicia internacional.

Desde ese momento, Fornerón inició una batalla judicial para que se reconociera su paternidad, se restituyera a la niña y se garantizara la revinculación entre ambos. Sin embargo, a más de 25 años del nacimiento, el vínculo nunca pudo consolidarse plenamente y la mujer continúa viviendo con quienes la criaron.

El caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 condenó al Estado argentino por violar derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la identidad y el derecho de padre e hija a convivir en familia. En ese fallo, la CIDH ordenó al Estado garantizar un proceso que culminara con la revinculación entre Fornerón y su hija.

Quiénes fueron los imputados absueltos

El proceso judicial en Buenos Aires tuvo como imputados a siete personas. Entre ellas se encontraba la madre biológica, de apellido Enríquez; el matrimonio Bassi Zucchi, que recibió a la niña; el exjuez Raúl Del Valle, quien firmó la sentencia de adopción; el abogado Salvador Espona, que representó a los presuntos apropiadores; y los intermediarios Paul Reynoso y Ariel Barreto.

Además, durante la investigación surgieron los nombres de funcionarios judiciales que en junio del año 2000 se desempeñaban como defensores de pobres y menores: Julio Guaita, Marcelo Balbi y la perito psicóloga Daniela Kairuz, quienes tuvieron algún grado de intervención en el expediente.

El abogado de Fornerón, Diego Dousdebes, sostuvo en diálogo con Elonce que “hubo un entorpecimiento notorio de parte de la Justicia entrerriana, pero también hubo falta de voluntad de parte de los apropiadores, que debieran haber facilitado esa revinculación”.

Las irregularidades señaladas en la causa

Durante el debate oral, la querella hizo especial hincapié en las irregularidades que rodearon la guarda y posterior adopción de la niña. “A Milagros la entregaron un sábado en una clínica a la que se presentó un Defensor de Menores para labrar un acta a mano alzada, y se firmó la entrega, procedimiento que está prohibido por la ley de Entre Ríos”, sostuvo el querellante.

También se remarcó que el hecho de que un funcionario público se presentara en un día inhábil en el hospital donde nació la niña “generó muchas suspicacias” y reforzó la hipótesis de un procedimiento armado por fuera de los canales legales.

Otro de los puntos cuestionados fue que la madre biológica residía en Tala y se trasladó más de 100 kilómetros hasta Victoria para dar a luz. “Eso demuestra que hubo una clara intención de ocultar el alumbramiento”, afirmaron desde la querella.

Un conflicto que sigue abierto

La absolución de todos los acusados reabrió el debate sobre la responsabilidad del sistema judicial y el alcance real de los fallos internacionales en el ámbito interno. Para Leonardo Fornerón, la sentencia significó una nueva frustración en una lucha que lleva más de dos décadas y que, lejos de cerrarse, promete continuar en tribunales superiores.

Mientras se aguardan los fundamentos del fallo, el caso vuelve a exponer las deudas pendientes del Estado argentino en materia de adopciones, derecho a la identidad y cumplimiento efectivo de las sentencias internacionales.