El reclamo de los extrabajadores despedidos de El Diario de Paraná volvieron a quedar expuestos este lunes, con un reclamo cargado de dolor, memoria y cuestionamientos al Poder Judicial.

A ocho años de las cesantías masivas ocurridas en mayo de 2018, ex trabajadores del histórico matutino volvieron a exigir el pago de las indemnizaciones y denunciaron que, pese a existir sentencias firmes, todavía no obtuvieron respuestas concretas.

En plaza Sáenz Peña de la capital entrerriana apareció un cartel con una frase contundente: “A ocho años de los despidos en El Diario, la Justicia mira para otro lado”. La imagen, fotografiada por Elonce, sintetizó el sentimiento de quienes todavía continúan atrapados en un conflicto judicial que parece no tener final.

Junto a la leyenda podía verse el dibujo de un rostro sin nombre. Para los trabajadores, se trataría de una representación vinculada al juez de Concursos y Quiebras Nº9 de Paraná, Ángel Moia, quien tiene bajo su órbita el concurso preventivo de acreedores de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora de El Diario.

Un reclamo frente al Monumento a la Memoria

El lugar elegido para instalar el cartel no fue casual. A pocos metros se encuentra el Monumento a la Memoria, un símbolo profundamente ligado al recuerdo y a la lucha contra el olvido. Allí, frente a uno de los espacios más representativos de Paraná, los extrabajadores volvieron a recordar que todavía esperan justicia.

El Diario no fue solamente un medio de comunicación. Durante décadas representó una referencia periodística, política y cultural de Entre Ríos. Por sus páginas pasaron figuras emblemáticas como Juan L. Ortiz, Marcelino Román, Amaro Villanueva, Guillermo Saraví y Andrés Chabrillón, nombres que marcaron la historia intelectual de la provincia.

Quienes hoy reclaman fueron parte cotidiana de esa construcción colectiva. Redactores, fotógrafos, administrativos, técnicos, correctores y trabajadores de distintas áreas sostuvieron durante años el funcionamiento del histórico matutino entrerriano.

El recuerdo de los despidos reapareció ahora como “la memoria silenciosa de un conflicto que los poderosos buscan callar”, señalaron algunos de los extrabajadores al referirse a la situación que todavía permanece sin resolución definitiva.

Además del desgaste económico, muchos remarcaron las consecuencias personales y emocionales que dejó el conflicto. Algunos lograron reinventarse dentro del periodismo o encontraron nuevos oficios para sostener a sus familias. Otros, en cambio, fallecieron esperando que la Justicia resolviera una situación que se prolongó durante años.

“El paso del tiempo no es una abstracción”, remarcaron los despedidos. Detrás de cada expediente judicial, sostienen, hay historias personales atravesadas por incertidumbre, angustia y vulneración de derechos.

El impacto de los despidos de 2018

El 18 de mayo de 2018 quedó marcado como una de las jornadas más traumáticas para la historia reciente del periodismo entrerriano. Ese día, El Diario despidió sin causa y sin indemnización a más de ochenta trabajadores. No hubo distinciones de antigüedad, áreas ni cargos.

La medida alcanzó a empleados históricos y a trabajadores con décadas dentro de la empresa, generando un fuerte impacto social y mediático en Paraná y la región.

A ocho años de aquel episodio, los exempleados denunciaron que todavía continúan esperando el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales que reconocieron sus derechos laborales.

En un documento difundido durante el aniversario del conflicto, los despedidos señalaron: “Hace ocho años, más de ochenta trabajadores de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora de El Diario, fueron desvinculados y, al día de hoy, continúan sin percibir las indemnizaciones que les corresponden por ley, pese a contar con sentencias firmes a su favor”.

También denunciaron que el prolongado proceso judicial generó un desgaste económico y emocional difícil de sostener. “Para quienes fuimos despedidos, el transcurso del tiempo no es una abstracción: son años de incertidumbre, de derechos vulnerados, de desgaste económico y personal, y de una paciencia que se agota”, expresaron.

Las críticas contra el Poder Judicial

Gran parte de los cuestionamientos apuntaron directamente al juez Ángel Moia, a cargo del concurso preventivo de acreedores de la empresa.

Según sostuvieron los extrabajadores, durante los últimos cinco años el expediente avanzó lentamente y las decisiones judiciales terminaron dilatando el cobro de las indemnizaciones.

Los despedidos señalaron que el magistrado (Ángel Moia) “ha sabido estirar como chicle los tiempos de tramitación del expediente”, manteniéndolos atrapados en una dinámica de incertidumbre permanente.

Además, cuestionaron que el Poder Judicial permita incumplimientos reiterados pese a la existencia de resoluciones firmes favorables a los trabajadores. “¿Qué puede esperarse de un sistema en el que es posible incumplir durante tanto tiempo, bajo la mirada atenta y pasiva del Poder Judicial?”, plantearon en el documento difundido un mes antes del triste aniversario.

“El Poder Judicial no puede permanecer ajeno a esta responsabilidad: cuando se tolera el incumplimiento sostenido, y más aún cuando se lo ejecuta, se habilita de hecho a los infractores”, agregaron.

En los últimos días, los extrabajadores Silvio Méndez y Juan Cruz Varela también habían dialogado con Elonce para visibilizar nuevamente el conflicto. “Hay una decisión de los empresarios de no pagar y del juez Ángel Moia de no hacer cumplir sus propias sentencias”, expresó Varela.

“El contexto está marcado por la falta de sensibilidad de un juez que todos los meses recibe un sueldo de ocho cifras”, agregó el periodista.

Cambios empresariales y nuevas denuncias

A lo largo de estos años, la empresa editora atravesó distintos cambios en su conducción. La familia Etchevehere conservó un tercio de las acciones, mientras que el paquete mayoritario quedó en manos del empresario rosarino Gustavo Scaglione.

Scaglione también es propietario de otros importantes medios de comunicación de la región, entre ellos los diarios Uno de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario, El Litoral y distintas radios y señales televisivas. Los trabajadores mencionaron además a Walter Grenón y Ramiro Nieto entre los responsables empresariales del proceso.

Según denunciaron, durante todos estos años la empresa incumplió reiteradamente con las obligaciones laborales y no destinó los recursos obtenidos a cancelar las indemnizaciones adeudadas.

En paralelo, los despedidos advirtieron que analizan impulsar una denuncia contra el juez Ángel Moia ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto incumplimiento de sus funciones.

“Existe una responsabilidad directa del Poder Judicial, en particular del juez Ángel Moia, quien tiene a su cargo el concurso preventivo de acreedores de El Diario y no está haciendo cumplir las sentencias que ordenan el pago a los trabajadores”, sostuvo Méndez.

“Estamos convencidos de que hay una decisión de dilatar el proceso para beneficiar a los empresarios, y esa responsabilidad no se limita al juez, sino que alcanza a otros niveles del sistema judicial”, agregó el extrabajador.

Mientras tanto, la empresa continúa en concurso preventivo de acreedores y tiempo atrás volvió a despedir a una veintena de trabajadores que tampoco habrían sido indemnizados.

A ocho años de aquel mayo de 2018, el conflicto permanece abierto. Para los extrabajadores de El Diario, el reclamo sigue siendo el mismo: “Que haya justicia y que se respeten nuestros derechos”.

A ocho años de aquellos despidos masivos, el reclamo continúa vigente en Paraná y mantiene abierta una herida profunda en la historia reciente del periodismo entrerriano.