A más de dos décadas de la misteriosa desaparición de toda una familia en un campo de Crucecita Séptima, en el departamento Nogoyá, el caso vuelve a la escena judicial: el abogado Marcos Rodríguez Allende asumió recientemente como nuevo querellante en representación de los familiares de Margarita Gallegos, madre de los cuatro menores y esposa de Rubén Gill, desaparecidos en enero de 2002.

El caso, que conmocionó a la provincia de Entre Ríos, involucra la desaparición de seis personas: Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Gallegos y sus cuatro hijos menores de edad, quienes vivían como puesteros en el campo La Candelaria, propiedad de un empresario agropecuario ya fallecido. Desde entonces, las investigaciones han atravesado múltiples hipótesis, pero nunca se encontró ningún rastro concreto de la familia.

En diálogo con Elonce, Rodríguez Allende confirmó que retomará la causa con una nueva mirada y un enfoque más contundente. “Vamos a retomar una investigación muy compleja y dramática, porque estamos hablando de enero del 2002, donde una familia completa, cuatro menores de edad y un matrimonio desaparece. Desaparecen de la faz de la Tierra, de la localidad del departamento de Nogoyá, en un campo cercano a Viale”, afirmó.

Rodríguez Allende se mostró crítico con el manejo inicial del caso: “Los caminos fueron diversos, tomados por diferentes jueces, por distintos fiscales, y lamentablemente hasta la fecha nunca se supo absolutamente nada. Cuando digo estos caminos, digo distintas hipótesis, como que se habrían retirado del campo, de la localidad de Nogoyá, de la provincia de Entre Ríos, a diferentes lugares. Yo creo que todo este primer camino lo único que ha hecho es entorpecer de alguna manera la verdad de los acontecimientos. Nada de esto ocurrió”.

Con firmeza, el abogado señaló que sostiene una hipótesis central: que la familia nunca salió del campo donde vivía. “Estoy convencido que cometieron un grave delito con esta familia y que uno de los principales sospechosos fue —y digo fue porque falleció ya en un accidente de tránsito— el propietario del campo”, Alfonso Goette.

El letrado también destacó el trabajo del último juez de Garantías, el doctor Gustavo Acosta, a quien calificó como “muy comprometido con la investigación”. Sin embargo, lamentó que, pese a numerosas diligencias, no se haya llegado a ninguna conclusión firme.

“El juez realmente hizo muchísimas diligencias probatorias, procesales, pero lamentablemente nunca tuvieron un final concreto. Así que bueno, vamos a retomar las hipótesis, pero fundamentalmente la principal es que esta familia puede estar en el campo”, insistió Rodríguez Allende.

Respecto al estado actual del expediente judicial, explicó que se trata de una causa abierta: “La causa procesalmente no está cerrada, está por averiguación de paradero y es una causa abierta. A nivel nacional tiene una recompensa para determinar la utilidad de un testigo, si puede justamente la validez de ese testimonio para saber qué es lo que realmente pasó”.

Finalmente, el abogado adelantó que la revisión del expediente —que consta de 18 cuerpos y se tramitó bajo un antiguo código procesal— será una de las primeras tareas. “Va a ser muy importante también la colaboración de la Nación y de la Provincia en la medida de las distintas diligencias que vamos a ir realizando en el campo”, concluyó. Elonce.com