Cuatro integrantes de una familia quedaron imputados por presuntas apuestas clandestinas en Corrientes. La Policía de Corrientes realizó allanamientos, incautó dinero y dispositivos electrónicos.
Una red familiar dedicada presuntamente al juego clandestino en Corrientes fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Durante los procedimientos, la Policía secuestró cerca de ocho millones de pesos en efectivo, una computadora portátil y cuatro teléfonos celulares. Además, cuatro personas quedaron vinculadas a la investigación judicial.
Los operativos se desarrollaron en distintas viviendas del barrio Las Flores y estuvieron a cargo de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías, encabezado por Martín Vega, en el marco de una causa que tramitó ante la Fiscalía de Oscar Cañete.
Según informaron fuentes vinculadas al expediente, los investigadores identificaron a tres mujeres y un hombre, todos integrantes de una misma familia, como presuntos responsables de administrar una plataforma de apuestas por internet sin autorización oficial.
Secuestraron dinero y dispositivos electrónicos
Durante los allanamientos, los efectivos encontraron aproximadamente ocho millones de pesos distribuidos en dos de los inmuebles inspeccionados. También incautaron equipos tecnológicos que habrían sido utilizados para gestionar las operaciones de apuestas.
Entre los elementos secuestrados había una computadora portátil y cuatro teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para establecer cómo funcionaba la presunta organización, identificar posibles usuarios y reconstruir los movimientos de dinero.
El procedimiento contó con la participación del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Unidad Regional III y fue supervisado por el director de esa dependencia, el comisario mayor Juan Ramón Lima.
Cuatro personas quedaron vinculadas a la causa
La investigación se encuadró en una presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal argentino, que establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren u organicen juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente.
Las cuatro personas investigadas fueron demoradas preventivamente durante los procedimientos para completar las actuaciones judiciales y verificar sus identidades.
Posteriormente, por disposición de la Justicia, recuperaron la libertad, aunque continuaron vinculadas a la causa penal. La investigación seguirá con el análisis de los dispositivos electrónicos y de la documentación reunida durante los allanamientos, con el objetivo de determinar el alcance de la presunta actividad ilegal, indica El Litoral de Corrientes.
