La trabajadora acompañó al matrimonio en dos mudanzas, la última a Misiones, y recibió el aviso de despido por teléfono mientras estaba de vacaciones. Sus empleadores negaron el vínculo laboral, pero la Cámara del Trabajo de Viedma lo dio por acreditado.
Una empleada doméstica que trabajó más de 20 años para un matrimonio recibió por teléfono el aviso de que no seguiría en su puesto mientras estaba de vacaciones. Tras un juicio en el que sus empleadores negaron la relación laboral, la Cámara del Trabajo de Viedma ordenó que le pagaran más de $20 millones.
La mujer comenzó a trabajar para la familia a fines del siglo pasado en San Antonio Oeste, Río Negro. Durante los primeros 18 años vivió en la casa de sus empleadores y realizó tareas de limpieza y mantenimiento, además de cuidar a sus mascotas.
En 2018, acompañó al matrimonio en una mudanza dentro de San Antonio Oeste y pasó a retirarse al finalizar su jornada. En mayo de 2021 volvió a mudarse con la familia, esta vez a Posadas, Misiones, donde continuó trabajando para ellos.
El llamado que recibió durante las vacaciones
En marzo de 2022, menos de un año después de instalarse en Posadas, la mujer regresó a San Antonio Oeste para pasar sus vacaciones. Allí recibió el llamado en el que le comunicaron que estaba despedida.
Ante la falta de reconocimiento del vínculo laboral y de pago de la indemnización, la empleada doméstica envió intimaciones telegráficas. Finalmente, se consideró despedida e inició un reclamo judicial.
Durante el juicio, el matrimonio negó que la mujer hubiera trabajado para ellos. Para acreditar la relación, ella presentó documentación y testimonios de vecinos, exempleados y otras personas que conocían las tareas que realizaba.
Qué tuvo en cuenta la Justicia
La Cámara del Trabajo de Viedma consideró que las pruebas acreditaban una relación laboral que se había mantenido pese a las mudanzas y al cambio de modalidad. También determinó que los empleadores no habían registrado el vínculo.
El tribunal entendió que la falta de registración y los incumplimientos laborales eran lo suficientemente graves para justificar el despido indirecto. Así, hizo lugar al reclamo de la empleada doméstica y ordenó al matrimonio pagar más de $20 millones.
La suma incluye diferencias salariales, horas extras, indemnizaciones por despido, multas e intereses. El fallo también contempló la duplicación de algunos conceptos indemnizatorios.
