El Gobierno afrontará el cierre de las sesiones extraordinarias con el impulso a la reforma penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo Unión Europea–Mercosur. El oficialismo convocó a sesiones especiales para el 26 y 27 de febrero.
Los próximos días serán clave para el Gobierno, que buscará avanzar en el Senado con la baja de imputabilidad y la reforma laboral durante dos sesiones especiales convocadas para el 26 y 27 de febrero, en el tramo final del período de extraordinarias dispuesto por el Decreto N° 24/2026.
El bloque de La Libertad Avanza y sus aliados solicitaron formalmente convocar a sesiones especiales para los días 26 y 27 de febrero a las 11 horas. Las notas fueron dirigidas a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y estuvieron firmadas por jefes de bloque y senadores que impulsaron el tratamiento de distintos proyectos incluidos en el temario oficial.
Según trascendió, la estrategia del oficialismo apuntó a concentrar en dos jornadas consecutivas el debate de iniciativas consideradas estructurales para la agenda política y económica del Ejecutivo.
Reforma penal juvenil y otros proyectos
Para el 26 de febrero se previó el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025), el Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025) y la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).
El proyecto de Régimen Penal Juvenil incluye la propuesta de baja de imputabilidad, uno de los ejes centrales del debate impulsado por el oficialismo. La iniciativa buscó modificar el esquema vigente en materia de responsabilidad penal para menores de edad.
Además, se incorporó en la agenda la actualización de la normativa vinculada a la preservación de glaciares y ambiente periglacial, tema que también generó posicionamientos cruzados entre bloques.
Modernización laboral y acuerdo internacional
Para el 27 de febrero se convoca a debatir el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) y el Acuerdo Unión Europea–Mercosur (C.D. 34-2025), considerado uno de los puntos centrales de la agenda económica del oficialismo.
La reforma laboral apuntó a introducir cambios en las relaciones de trabajo y en el marco regulatorio vigente, en un contexto atravesado por tensiones sindicales. La convocatoria se produjo apenas una semana después del cuarto paro general impulsado por la CGT.
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