Un jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual agravado contra dos adolescentes alojadas en una residencia del Copnaf. El veredicto se confirmó tras seis jornadas de debate a puertas cerradas y el 20 de febrero se conocerá la pena en la audiencia de cesura.
Un jurado popular declaró culpables a dos policías acusados de violar a dos adolescentes hace diez años en Paraná, tras seis jornadas de debate a puertas cerradas en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia. La audiencia de cesura se realizará el 20 de febrero.
El veredicto alcanzó a Samuel Enrique Morel como partícipe necesario del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales” y a Ezequiel Alejandro García como autor del mismo delito.
El juicio fue el primero del año bajo la modalidad de jurado popular en la capital entrerriana y se desarrolló con acceso restringido al público, en resguardo de la intimidad de las víctimas por tratarse de un delito contra la integridad sexual.
Veredicto y audiencia de cesura
Tras la deliberación del jurado, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, informó que la audiencia de cesura se realizará el 20 de febrero a las 9, instancia en la que se debatirá la pena a imponer.
Hasta esa fecha, los condenados continuarán con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, según lo resolvió el magistrado.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti. La querella fue ejercida por los abogados Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld, mientras que el abogado Julián Gracia intervino por el Superior Gobierno de Entre Ríos. Las defensas estuvieron a cargo de Damián Pettenati e Iván Vernengo, por Morel, y de Claudio Berón, por García.
El origen de la causa
La investigación se inició en julio de 2016, a partir de una denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 8, por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos adolescentes alojadas en la Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
Según la acusación original, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 5 de julio de 2016 en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.
El caso tomó estado público luego de que una adolescente de 13 años concurriera al Hospital San Roque con lesiones compatibles con abuso sexual, lo que motivó la intervención judicial y policial.
De siete imputados a dos acusados
En un primer momento, la causa tuvo siete policías imputados. Durante la Investigación Penal Preparatoria, dos efectivos fueron sobreseídos y otros tres resolvieron su situación procesal mediante juicios abreviados, acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia.
Se trató de Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, quienes acordaron penas de ejecución condicional. En esos procesos se dejó constancia de que no participaron directamente de los abusos, aunque se les atribuyó responsabilidad funcional por su rol como efectivos policiales.
Inicialmente, los acuerdos fueron rechazados por el juez de Garantías Nº 5, Mauricio Mayer, quien expresó disconformidad con la calificación legal. Posteriormente, los abreviados fueron homologados tras un cuarto intermedio dispuesto en noviembre de 2017.
Cambios en la imputación
En marzo de 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra Morel como autor de uno de los abusos. La decisión se fundamentó en que la adolescente de 15 años nunca formuló denuncia contra el efectivo y sostuvo en reiteradas oportunidades que no había sido abusada.
A partir de esa resolución, Morel continuó vinculado a la causa, pero ya no como autor directo, sino como partícipe necesario del hecho atribuido a otro imputado. El magistrado valoró especialmente que la joven había ratificado ante la Justicia que no deseaba impulsar acción penal.
De esta manera, el proceso avanzó con dos acusados que finalmente fueron llevados a juicio por jurados, instancia en la que se determinó su responsabilidad penal.
