Tres operativos en domicilios de Concordia dejaron como saldo el secuestro de dispositivos electrónicos, armas de fuego y más de 48 millones de pesos. Hay un detenido.
En el marco de la causa “Comedores”, este miércoles se concretaron tres allanamientos en domicilios de Concordia, ubicados sobre las calles Urdinarrain, 11 de Noviembre y Colón. La investigación está a cargo de los fiscales Montangie y Tscherning, con la intervención del Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Edwin Bastián, quien libró los mandamientos correspondientes.
Los operativos arrojaron resultados positivos: se secuestraron dispositivos electrónicos e informáticos como teléfonos celulares, memorias externas, DVR y computadoras, además de un revólver .38 y una escopeta. También se constató la presencia de dinero en efectivo por sumas de $48.415.000 y U$S 7.000. Como resultado, una persona fue aprehendida por la presunta Tenencia ilegal de armas de fuego.
La investigación de la causa “Comedores” comenzó luego de que, a principios de junio, la coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia, Silvina Murúa, fuera desplazada de su cargo por irregularidades administrativas durante su gestión.
Una auditoría contable reveló que más de 66 millones de pesos, correspondientes a los meses de marzo y abril, no habrían tenido como destino la compra de alimentos o insumos para los 21 comedores del departamento.
Entre las irregularidades denunciadas también se encuentra la contratación de la hermana de Murúa, quien reside en Mocoretá, Corrientes, y no podría cumplir funciones efectivas en Concordia.
Cabe recordar que Murúa y su entorno ya habían estado bajo investigación: el pasado 4 de abril, la Policía allanó la vivienda de su pareja en el marco de una causa por Abuso de armas. Durante el procedimiento, se detectó una gran cantidad de alimentos e insumos que presuntamente debían ser destinados a los comedores escolares, situación que llamó la atención de los investigadores.
El Ministerio de Desarrollo Humano confirmó que toda la documentación será elevada al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para determinar si corresponde iniciar una investigación sumaria o presentar el caso ante la Justicia ordinaria.
