REDACCIÓN ELONCE
La diputada Mariel Ávila presentó un proyecto que solicita declarar la emergencia en discapacidad en la provincia. En entrevista con Elonce, alertó sobre recortes, demoras en prestaciones y pérdida de derechos.
La diputada provincial del Frente Más para Entre Ríos, Mariel Ávila, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa fue motivada por la creciente preocupación de familias, profesionales y personas con discapacidad ante el recorte de derechos y la falta de respuestas por parte del Estado.
En diálogo con Elonce, Ávila sostuvo: “Se están vulnerando derechos que hasta hace un año estaban garantizados. Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando”. La legisladora alertó que, aunque el Congreso nacional aprobó un proyecto similar, existe el riesgo de que sea vetado por el Poder Ejecutivo, motivo por el cual propone una ley provincial independiente.
Recortes, traslados y demoras en pensiones
La diputada indicó que uno de los ejes de la propuesta es garantizar la cobertura total de las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), tanto en efectores públicos como privados, a cargo del Estado provincial. También se busca facilitar el acceso a pensiones no contributivas.
Ávila denunció situaciones graves, como en el municipio de Federación, donde “más de 500 personas tuvieron que trasladarse a Chajarí para realizar auditorías médicas que antes se hacían en su propia ciudad”. Aseguró que esta medida afecta directamente el acceso a derechos básicos y genera gastos adicionales a familias que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Además, mencionó el caso de un grupo de familias de Concordia que emprendió una caminata hasta Buenos Aires en reclamo por la emergencia nacional: “Los prestadores cobran mal y tarde, y los chicos se quedan sin terapias ni acompañantes”, lamentó.
Abandono del sistema por parte de profesionales
Según explicó la legisladora, muchas terapias se suspenden porque los profesionales de la salud dejan de trabajar con obras sociales debido a la falta de actualización del nomenclador y a los pagos fuera de término. “Eso hace que los chicos no tengan sus tratamientos ni sus acompañantes terapéuticos y pierdan días de clase”, afirmó.
El proyecto también contempla mejoras en el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante la discontinuación de las juntas médicas itinerantes que antes recorrían la provincia. “Todo se vuelve más engorroso, y sin CUD no se puede acceder a tratamientos ni rehabilitación”, remarcó Ávila.
Sobre las pensiones no contributivas, señaló que algunas personas fueron dadas de baja sin haber sido convocadas a auditorías, pese a que presentan toda la documentación médica actualizada. “Estamos hablando de una pensión de 286 mil pesos. Es un monto irrisorio para cubrir terapias, movilidad y rehabilitación”, subrayó.
Proyectos presentados y llamados a la Legislatura
Ávila aprovechó la entrevista con Elonce para reclamar que muchos de sus proyectos vinculados a discapacidad no fueron tratados. “Presenté uno en 2022 sobre educación inclusiva, y otro para concursos accesibles en los tres poderes del Estado, pero siguen sin abordarse”, dijo.
En contraste, destacó la aprobación de un proyecto suyo que reemplazó el antiguo símbolo de discapacidad (la silla de ruedas) por un logo más inclusivo, que hoy es ley en Entre Ríos.
Finalmente, pidió que la Legislatura provincial trate con urgencia la propuesta de declarar la emergencia en discapacidad: “Hay personas que no pueden esperar más. El Estado está ausente y vulnera derechos consagrados en la Constitución y en los tratados de derechos humanos”, concluyó.
