El gobierno de Sergio Ziliotto sufrió un revés judicial luego de que el Juzgado Federal de Santa Rosa rechazara la cautelar presentada contra la reforma de la Ley de Glaciares.
El gobierno de La Pampa, encabezado por Sergio Ziliotto, recibió un revés judicial tras el rechazo de la medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares. La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Santa Rosa, que consideró insuficientes las pruebas presentadas para acreditar un daño ambiental concreto e inminente.
La acción había sido impulsada por la administración provincial junto a la Fiscalía de Estado y organizaciones vinculadas a la agenda ambiental. El planteo apuntaba a declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.804, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Según argumentaron los demandantes, la reforma implica un “retroceso normativo” en materia de protección ambiental al reducir áreas alcanzadas por las restricciones y otorgar mayor margen de decisión a las provincias sobre las evaluaciones de impacto ambiental.
El fallo judicial y los argumentos del juez
El juez federal Juan José Baric resolvió rechazar el pedido cautelar al considerar que la demanda cuestionaba la norma “en abstracto” y no demostraba consecuencias concretas derivadas de la aplicación de la reforma.
En la resolución, el magistrado sostuvo que no se identificaron proyectos específicos, glaciares afectados ni daños ambientales actuales producidos por los cambios en la legislación.
Además, Baric citó el antecedente “Thomas” de la Corte Suprema de Justicia, referido a los límites constitucionales para suspender leyes de alcance general mediante medidas cautelares.
“El pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”, señaló el juez en su fallo.
También advirtió que una eventual suspensión nacional de la norma tendría una “significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes”.
La causa continuará pese al rechazo de la cautelar
A pesar del revés judicial para el gobierno pampeano, el expediente continuará avanzando en la Justicia Federal.
El juzgado declaró formalmente admisible el amparo ambiental colectivo presentado por la provincia y ordenó correr traslado al Estado Nacional para que presente el informe correspondiente, tal como establece la Ley 16.986.
Asimismo, se confirmó la inscripción del caso en el Registro Público de Procesos Colectivos, lo que mantiene abierta la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares.
Desde los sectores que impulsaron la demanda sostienen que los cambios aprobados podrían debilitar el Inventario Nacional de Glaciares y reducir el rol técnico del IANIGLA, situación que —según advierten— podría habilitar actividades extractivas en áreas ambientalmente sensibles.
