Los imputados son Bernardo Rodríguez, titular de la empresa fumigadora; César Martín Visconti, piloto de la avioneta y José Mario Honecker, dueño del campodonde se rociaron agrotóxicos a 50 metros del establecimiento escolar, en horario de clases. La pena prevista para estos delitos va desde un mes a tres años de prisión en suspenso.
Minutos antes del mediodía de este viernes terminaron los alegatos de la fiscalía, que duraron unas tres horas, y se pasó a un cuarto intermedio para continuar luego con los de la defensa, que se estima que pedirá la absolución.
"El fiscal pidió un año y medio para los tres. Esperaba más. Pero yo quiero esperar, reservarme las opiniones, estamos todos muy susceptibles y yo en lo particular", le dijo a Ahora Mariela Leiva, la docente víctima de la fumigación, que ocurrió el 4 de diciembre de 2014 y también afectó a cinco alumnos de Primaria. Todos terminaron en el hospital Reverendo Padre Betcher con vómitos, náuseas, dolores estomacales y erupciones en la piel y mucosas.
La mujer, en conjunto con el gremio docente Agmer, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados persiguen una meta en este juicio. "Lo que nosotros queremos, que es un objetivo claro y preciso, es sentar un precedente" y demostrar "que los químicos y este modelo de producción nos están envenenando", dijo Leiva.
Y reforzó: "Pese a que los imputados vayan presos o esto sea excarcelable, queremos que haya un culpable". "Si hay un culpable es porque este modelo de producción nos está envenenando", subrayó.
La maestra también se refirió a lo que ocurrió en la primera jornada del juicio del día lunes, con la declaratoria de la Mesa de Enlace. "Me pareció eso una falta de respeto, de moral y de ética esto de querer darle a entender al Tribunal qué es lo que tiene que hacer", dijo al respecto.
"Está clarísimo que no cumplieron para nada la normativa vigente, que hay certificados médicos, forenses y de un perito agrónomo que avalan que los síntomas de los niños y los míos son compatibles con la intoxicación por agroquímicos", sostuvo. Y agregó: "Tanto la Policía como la Municipalidad de Santa Anita dan el informe de que no hubo ninguna clase de aviso y que ahí no había ningún ingeniero agrónomo o especialista en el tema controlando la aplicación".
Es la primera vez que una causa por fumigación llega a juicio en Entre Ríos. Tras casi tres años de investigación, el adelanto de sentencia del Tribunal se conocerá dentro de cinco días.