La Secretaría de Trabajo, dictó una conciliación obligatoria y evitó un paro en toda la industria lechera. Esta decisión se anunció a pocas horas de que el sindicato Atilra iniciara una medida de fuerza para llevar su conflicto con SanCor a todas las empresas del sector, que se esperaba fuera con una “retención sorpresiva de tareas por el término de 4 horas, por turno”.
Según una disposición firmada por Mara Mentoro, a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se tomó conocimiento de que “la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina ha dispuesto la realización de medidas de acción directa en las empresas representadas por el Centro de la Industria Lechera y por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, que impedirían la normal operatoria de las mismas”.
Ante esta situación, la cartera estableció un período de conciliación obligatoria por quince días, durante el cual se ordena a los trabajadores a dejar sin efecto “toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”. Además, se intimó a las empresas a no tomar represalias “de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal”.
Las partes involucradas serán convocadas a una audiencia en el marco del conflicto, subrayando la importancia de encontrar una solución consensuada.
El Gobierno justificó su decisión al afirmar que el objetivo principal de la conciliación obligatoria “no solo es tratar de llegar a un acuerdo que solucione el conflicto de origen, sino, en primer término, garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes”.
Luego de que se dictara la conciliación, el gremio difundió un comunicado donde acató la medida, pero remarcó: “Dejamos aclarado que dicha conciliación no enerva, no impide, ni deja sin efecto el derecho establecido en el art. 1031 del CCC de la Nación, por lo que toda trabajadora o trabajador al que la patronal le adeude salarios, se encuentra facultado legalmente para retener la prestación de tareas, poniendo su fuerza de trabajo a disposición del empleador en tanto y en cuanto éste cancele la obligación de pago”.
El gremio había anunciado la medida de fuerza mediante una comunicación presentada por Heber Ríos, secretario gremial de Atilra, y su apoderado legal, Alberto Coronel, ante la cartera a cargo de Mentoro. A comienzos de este año ya fracasó una conciliación obligatoria entre el gremio y SanCor en la que no se llegó a ningún acuerdo. Según el comunicado, la medida iba a consistir en “la retención sorpresiva de tareas por el término de 4 horas, por turno”.
Delegados de SanCor habían expuesto que la empresa adeudaba mensualmente diferencias salariales estimadas en un 30% desde abril de 2017. Afirmaron que SanCor reconoció las diferencias salariales en una audiencia de noviembre de 2023, comprometiéndose a regularizar la situación con pagos mensuales y escalonados a partir de diciembre de 2023.
