La segunda versión del proyecto de Ley de Bases y el paquete fiscal, impulsados por el Gobierno nacional, avanzan en el Congreso, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados y dictamen en las comisiones del Senado.
Según se desprende de los análisis realizados por la Fundación Barbechando y el consultor David Miazzo, la iniciativa tuvo un recorte importante de temas específicamente del agro respecto a su primera versión, que naufragó en las sesiones extraordinarias durante el verano.
Por eso, las principales modificaciones para el sector se centrarían en cambios de las normas laborales, que facilitarían la contratación de personal en el sector.
Entre ambos proyectos, quedaron excluidos todos los temas más relevantes que afectaban directamente a las cadenas agropecuarias, como retenciones, biocombustibles, modificaciones al esquema de habilitación de plantas de faena, que buscaba sentar las bases para la unificación del estándar sanitario, o UPOV-91 sobre la propiedad intelectual de semillas.
Por otro lado, las inversiones del agro prácticamente no entran en los límites del Régimen de Incentivos. Ya que el mínimo de inversión se establece en US$200 millones y deja a discreción del Ejecutivo reducir este mínimo hasta los US$50 millones para algunos sectores, pero no especifica a cuáles se refiere.
No obstante, los productores se pueden beneficiar de algunas medidas fiscales al igual que el resto de la sociedad. Los ruralistas se pueden beneficiar del blanqueo y la reducción de bienes personales, al igual que empresarios de cualquier otro sector.
A su vez, resaltaron que, si las medidas fiscales contribuyen a lograr equilibrio, en el largo plazo es positivo para poder pensar en una reducción de las retenciones.
Por otro lado, en el artículo 3, que lista aquellos organismos estatales que específicamente quedan a salvo de su disolución, se incluyó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). (TN)
