REDACCIÓN ELONCE
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó a Elonce que la Provincia no apeló el fallo sobre los comedores escolares. Además, explicó cómo continuó el nuevo sistema de distribución y detalló los alcances del contrato de la Hidrovía.
os comedores escolares y la aplicación del nuevo sistema de distribución de desayunos y meriendas fueron analizados por el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes. En diálogo con GPS por Elonce, el funcionario confirmó que el Gobierno provincial estuvo de acuerdo con la sentencia que prohibió entregar productos con sellos de advertencia nutricional.
Ante la consulta sobre la postura oficial, Rodríguez Signes expresó: “Estamos a favor. Es decir, el juez Malvasio dispuso una prohibición que es que dentro del suministro de alimentos no se incorporen productos que tengan el etiquetado octogonal o hexagonal”. Esos sellos identificaron productos con exceso de sodio, calorías y azúcares.
Sin embargo, el fiscal de Estado aclaró que el cumplimiento de la decisión judicial debía incluir otros parámetros. “Lo que debe hacerse es cumplir con la obligación que es suministrar alimentos de acuerdo a un plan nutricional”, afirmó. Asimismo, indicó que ese plan estaba contemplado en las directivas de los comedores, en el procedimiento de contratación y en los menús establecidos.
La Provincia no apeló la sentencia
Rodríguez Signes explicó que también debía respetarse la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. “Con eso estamos de acuerdo y por eso no apelamos la sentencia”, manifestó. No obstante, señaló que la parte que presentó el amparo recurrió la resolución, por lo que el fallo aún no estaba firme.
“La parte actora apeló, de manera que la resolución del juez Malvasio no está firme, sino que depende de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia”, precisó el funcionario. De este modo, la definición final quedó en manos del máximo tribunal provincial.
En relación con la licitación realizada para implementar un distribuidor único, el fiscal sostuvo: “La licitación no está bajo juicio, es decir, no está sometida a impugnación”. Además, remarcó que la demanda presentada por los amparistas no tuvo como eje central el contrato.
Cómo funcionó el nuevo sistema
Rodríguez Signes diferenció los dos modelos de provisión de alimentos. En el anterior, los directivos recibían una tarjeta para realizar las compras de manera descentralizada. “Esto es solo para desayuno y merienda, hay que aclarar que no es para almuerzo”, puntualizó.
El nuevo mecanismo reemplazó ese esquema por un único distribuidor logístico. Según indicó, la modificación apuntó a garantizar condiciones similares para los estudiantes entrerrianos. “Esto hace a la uniformidad, a la homogeneidad de los productos que se entregan, que sea todo lo mismo en toda la provincia, para todos los chicos que están yendo a los comedores escolares”, explicó.
El fiscal señaló que la cuestión discutida fue la calidad nutricional de los alimentos. El control quedó a cargo de la Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de Desarrollo Humano, junto con los organismos bromatológicos y la Unidad Central de Contrataciones, que debía verificar el cumplimiento del pliego licitatorio.
La aplicación del contrato y los controles
Respecto de la vigencia del nuevo modelo, Rodríguez Signes explicó: “Nosotros entendemos que la cautelar ya no tiene vigencia porque como se dictó sentencia sobre el fondo de la cuestión, automáticamente entra a regir la sentencia”. Aunque reconoció que la resolución todavía no estaba firme, consideró que el sistema centralizado había quedado habilitado.
De todos modos, pidió actuar con prudencia y garantizar el cumplimiento del fallo. “Este es un tema muy sensible que la Dirección de Comedores Escolares tendrá que ser muy celoso a la hora de controlar la ejecución del contrato”, sostuvo.
Durante la entrevista, el funcionario también se refirió al nuevo contrato de la Hidrovía, que había entrado en vigencia a fines de junio. Señaló que Entre Ríos había incorporado los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo al canal de navegación profunda.
Las oportunidades abiertas por la Hidrovía
El fiscal explicó que esos corredores debían ser dragados a 34 pies y señalizados para permitir el ingreso y la salida de grandes embarcaciones. “Esos dos puertos son los que de inmediato van a recibir los beneficios de la hidrovía profunda”, afirmó en referencia a los puertos de Ibicuy y Guazú.
Rodríguez Signes consideró que el nuevo esquema podía facilitar inversiones en infraestructura portuaria e industrial. Planteó que buena parte de los granos producidos en Entre Ríos era enviada a los puertos rosarinos para su industrialización y posterior exportación.
Finalmente, afirmó que el objetivo fue “convertir el sur de la provincia a partir del nuevo contrato de hidrovía en una plataforma logística, industrial y de operaciones de exportación”. Sobre la cuestión ambiental, aclaró que una eventual profundización futura del canal requeriría estudios de impacto ambiental y la intervención de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
