El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros acusados en el caso Andis. La investigación detectó presuntos sobreprecios en medicamentos, prótesis y otros insumos médicos por más de $7.800 millones. También fueron procesados empresarios.
El caso Andis sumó nuevos procesamientos por presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos médicos, luego de que el juez federal Ariel Lijo ampliara este viernes la acusación contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad durante el gobierno de Javier Milei, y otros involucrados. La investigación judicial estimó provisoriamente un perjuicio económico al Estado superior a los $7.800 millones.
La resolución alcanzó también a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, señalados junto con Spagnuolo como presuntos jefes de una asociación ilícita que habría operado dentro del organismo. Además, el magistrado amplió los embargos y procesó a otros empresarios vinculados con las contrataciones investigadas.
Según el expediente, las irregularidades habrían ocurrido en el Programa Incluir Salud, mediante el cual la Andis adquiría medicamentos, prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y materiales destinados a tratamientos de traumatología, cardiología y neurología, publicó La Nación. La Justicia investigó un supuesto mecanismo de manipulación de precios y adjudicaciones direccionadas hacia determinadas empresas.
Detectaron presuntos sobreprecios por más de $7.800 millones
Uno de los principales elementos de la resolución fue el relevamiento de operaciones realizadas por al menos seis empresas proveedoras de insumos médicos. El análisis permitió identificar diferencias económicas por $1.849.277.963, aunque el juez aclaró que se trataba de una estimación parcial.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas”, sostuvo Lijo en el documento judicial.
El magistrado precisó que ese monto constituía un piso de las diferencias detectadas, debido a que la auditoría no había incluido todas las compulsas de precios y adjudicaciones efectuadas durante el período investigado.
Las irregularidades también alcanzaron a medicamentos
A las diferencias detectadas en insumos se sumaron los resultados de una investigación previa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que había examinado las compras de once medicamentos y calculado presuntos sobreprecios por $5.984.594.394,24.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24”, indicó la resolución.
De esta manera, el perjuicio económico investigado superó los $7.833 millones, aunque la cifra permaneció sujeta al avance de las pericias y a la revisión de otras operaciones que todavía no habían sido examinadas.
Cómo habría funcionado la asociación ilícita
De acuerdo con la hipótesis judicial, una organización habría operado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para intervenir en las contrataciones del Programa Incluir Salud y beneficiar a determinadas empresas proveedoras.
El mecanismo investigado consistía en simular competencia entre oferentes y direccionar adjudicaciones hacia compañías previamente seleccionadas. Según la acusación, estas maniobras habrían estado vinculadas con el pago de retornos económicos a funcionarios.
En febrero, el juez federal Sebastián Casanello había procesado a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y delitos vinculados con sobornos.
La nueva resolución de Lijo amplió el alcance de las imputaciones y mantuvo a Spagnuolo, Garbellini y Calvete como presuntos responsables de la conducción de la organización. A este último también se le atribuyó lavado de activos.
Compras con diferencias de precios de hasta el 1.972%
Entre las pruebas incorporadas figuraron auditorías elaboradas durante la intervención de la Andis por Alejandro Vilches y remitidas a la Justicia junto con documentación del Ministerio de Salud.
Los informes compararon valores pagados por la agencia con contrataciones realizadas por el PAMI y detectaron diferencias que, en determinados casos, alcanzaron el 1.972%. Según los documentos, algunos desvíos fueron considerados “técnicamente indefendibles”.
Uno de los ejemplos correspondió a la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por $425 millones. El relevamiento señaló que el PAMI había adjudicado el mismo sistema a Siprotec SA el 25 de marzo de 2025 por $124.200.000. También se identificaron presuntas irregularidades en la entrega de una prótesis para un paciente de Río Negro y una factura que habría sido abonada dos veces.
Los mensajes que investiga la Justicia
Otro elemento de la investigación fue un intercambio de mensajes entre Garbellini y Calvete, fechado el 24 de julio de 2025. En una de las comunicaciones, el entonces funcionario escribió: “Sus ofrendas de esta semana”.
El mensaje estuvo acompañado por una planilla con diez empresas y montos que sumaban $2.021 millones. Según la información incorporada a la causa, las cifras coincidían con certificados de pago emitidos ese mismo día.
Para el fiscal Franco Picardi, ese intercambio constituía un indicio de un presunto circuito de pagos irregulares. Sin embargo, Garbellini rechazó esa interpretación y explicó que utilizó la expresión porque Calvete reclamaba habitualmente el pago de deudas con referencias religiosas.
Qué dijeron las defensas de los acusados
Fuentes cercanas a Spagnuolo cuestionaron que su responsabilidad pudiera deducirse únicamente de la posición jerárquica que ocupaba dentro del organismo. Garbellini, por su parte, negó la existencia de sobreprecios y rechazó haber recibido coimas, publicó La Nación.
La defensa de Calvete solicitó nuevas pericias sobre los valores de las contrataciones y cuestionó la metodología utilizada por la fiscalía para establecer las diferencias de precios. En tanto, el abogado de Pablo Atchabahian anticipó que su defendido preparaba una declaración para explicar las licitaciones investigadas.
La causa judicial se había iniciado en agosto de 2025, después de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que motivaron una denuncia. Con la ampliación de los procesamientos, la investigación avanzó sobre las contrataciones de la exAndis y las presuntas responsabilidades de funcionarios y empresarios. Las acusaciones continuaron bajo investigación judicial, sin que los procesamientos implicaran condenas firmes.
