REDACCIÓN ELONCE
El abogado Sergio Pacher explicó a Elonce que la causa por estafas inmobiliarias continuará en diciembre, cuando deberá reformularse la acusación contra los imputados.
La causa por las presuntas estafas con terrenos en Oro Verde, que habría perjudicado a entre 300 y 400 personas, sumó novedades judiciales luego de que se clausurara una instancia del proceso y se dispusiera la reformulación de la acusación. El abogado querellante Sergio Pacher confirmó a Elonce que la próxima audiencia se realizará el 2 de diciembre y sostuvo que los hechos investigados constituyen delitos penales.
El letrado, que representa a un grupo de damnificados, explicó que el juez Rafael Cotorruelo solicitó precisar las maniobras denunciadas debido a la cantidad de operaciones involucradas y la complejidad del expediente.
"El juez ha dado lugar para que se reformulen los hechos y se especifiquen, al ser hechos diversos y complejos; ya que hay entre 300 y 400 personas damnificadas", manifestó Pacher.
Cómo habrían funcionado las estafas inmobiliarias
El abogado detalló que una de las principales operaciones investigadas corresponde al loteo Valle de Oro Verde, donde numerosas personas adquirieron terrenos que posteriormente quedaron involucrados en el conflicto judicial.
Según explicó, los acusados habrían comprado o simulado comprar un inmueble perteneciente a una sucesión, sin completar el pago correspondiente. Mientras tanto, comenzaron a comercializar parcelas entre particulares.
"Compraron o simularon comprar un terreno a una sucesión, pagaron una módica suma, no entregaron ni siquiera el 5% del total y nunca pagaron lo otro. Mientras tanto, fueron vendiendo terrenos y la gente pensaba que ya estaba todo consolidado", relató.
Pacher agregó que los terrenos se ofrecían mediante promociones que incluían importantes instalaciones recreativas, "como un country con cancha de golf, cancha de tenis, piscina y demás, para atraer a la gente", señaló.
Durante la entrevista con Elonce, el querellante también cuestionó la participación de profesionales vinculados con las operaciones inmobiliarias.
"Participaron un montón de corredores inmobiliarios. Cuando uno va a comprar un terreno dice, voy a un corredor porque me garantiza, porque tiene un colegio atrás. Pero acá no fue así", expresó.
Asimismo, aseguró que algunos corredores inmobiliarios y escribanos fueron convocados como testigos en la investigación.
"Esto no se podría haber llevado a cabo si no hay escribanos que actuaron en forma fraudulenta", sostuvo Pacher, quien aclaró que esos profesionales fueron citados a declarar como testigos.
Los montos de las presuntas estafas
Otro de los aspectos destacados de la investigación fue la dimensión económica de las operaciones denunciadas.
Pacher estimó que los terrenos se comercializaron por valores que rondaban entre 10.000 y 15.000 dólares por unidad, aunque aclaró que los importes variaban según cada operación.
"Las estafas normalmente operaron por alrededor de entre 10.000 y 15.000 dólares por terreno. Imagínense que estamos hablando de 300 a 400 terrenos. Es una cifra más que importante", manifestó.
A partir de esas estimaciones, el valor conjunto de las operaciones podría ubicarse entre tres y seis millones de dólares. Sin embargo, esa cifra es orientativa y no representa un monto de perjuicio económico determinado judicialmente.
El abogado también planteó interrogantes sobre el destino del dinero recibido por los acusados y mencionó que la querella impulsó medidas destinadas a garantizar su sometimiento al proceso.
La querella rechaza que el conflicto sea exclusivamente civil
Uno de los principales puntos de controversia entre las partes fue la naturaleza de los hechos investigados.
Mientras la defensa sostuvo que las operaciones debían analizarse dentro del ámbito civil, Pacher consideró que las maniobras denunciadas reúnen las características del delito de estafa.
"Nosotros entendemos que está tipificado en el Código Penal y que es un delito penal", afirmó.
En ese sentido, argumentó que la vía civil podría resultar insuficiente para garantizar una reparación a las víctimas cuando el dinero obtenido mediante las operaciones ya no se encuentra disponible.
"Una persona estafa, hace desaparecer el dinero. ¿Y cómo le cobra usted? Puede hacer una inhibición general de bienes, puede embargar lo poco que le quede, pero no le cobra más", explicó.
Por ese motivo, insistió en que la vía penal es la adecuada para investigar las responsabilidades y determinar si existieron conductas delictivas.
La causa no fue declarada prescripta
El abogado destacó que, pese al tiempo transcurrido desde las operaciones denunciadas, la causa continuó su trámite judicial.
"No operó la prescripción en esto, estamos completamente seguros", aseguró Pacher.
También cuestionó las demoras que suelen presentarse en investigaciones complejas y advirtió sobre las consecuencias que puede generar el paso del tiempo para quienes buscan una respuesta judicial.
"A veces la Justicia tiene esas dilaciones que hacen que las causas se vayan perdiendo en el tiempo y prescriban", señaló.
En ese contexto, remarcó que las presuntas estafas inmobiliarias representan una problemática que afecta a personas que buscan acceder a un terreno para construir su vivienda.
Cuándo será la próxima audiencia
Finalmente, Pacher confirmó que la próxima instancia judicial quedó programada para el 2 de diciembre de 2026, cuando deberá presentarse una reformulación de los hechos atribuidos a los imputados.
"El 2 de diciembre se hace la audiencia donde se va a reformular la acusación, para que la otra parte pueda ejercer el derecho de defensa de la señora (Norma) Migueles y de su hermano (Ricardo)", precisó.
El letrado explicó que, una vez superada esa instancia, se buscará avanzar hacia el debate oral, para el cual se prevé la participación de numerosos testigos.
"Son cerca de 80, 90 o 100 testigos en el juicio, de los cuales hicimos un acuerdo probatorio con Fiscalía para que no sean tantos", indicó.
Según estimó, el debate podría extenderse durante cinco o seis jornadas, dependiendo de la cantidad de testimonios que finalmente deban producirse.
Por último, el querellante sostuvo que continuará impulsando el proceso judicial y dejó abierta la posibilidad de una reparación económica para los afectados.
"Lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, a menos que la señora Migueles proceda a resarcir económicamente a las personas que damnificó", concluyó. Elonce.com
