Alan Barrientos, acusado de agredir a los futbolistas de Patronato Alan Sosa y Facundo Díaz, accedió a una suspensión del juicio a prueba. Deberá pagarles una reparación económica, cumplir tareas comunitarias y mantenerse alejado del club y de los espectáculos de fútbol durante dos años.
La agresión a jugadores de Patronato tuvo este miércoles una resolución judicial en los Tribunales de Paraná. Alan Barrientos, de 27 años, accedió a una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, en la causa por lesiones y amenazas contra los futbolistas Alan Sosa y Facundo Díaz.
La Justicia le impuso una serie de condiciones durante dos años, entre ellas la prohibición de ingresar al estadio Presbítero Bartolomé Grella y a cualquier espectáculo de fútbol.
La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelatta, quien homologó el acuerdo presentado por el fiscal Rodolfo Martín Abrahan y el abogado defensor Claudio Berón, aunque modificó el plazo originalmente solicitado por las partes.
Entre las obligaciones establecidas, Barrientos deberá pagar dos millones de pesos a Alan Sosa y un millón a Facundo Díaz, en concepto de reparación económica por los hechos investigados. Además, tendrá que realizar tareas comunitarias y participar de actividades de concientización deportiva.
Las restricciones que deberá cumplir Barrientos
La resolución judicial estableció que el joven deberá mantener el domicilio declarado ante la Justicia y comunicar previamente cualquier modificación a la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
También tendrá que cumplir 96 horas anuales de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público que determine ese organismo. Estas actividades podrán reemplazarse por talleres de capacitación laboral de igual o mayor carga horaria, siempre que sean completados.
Otra de las condiciones será realizar un curso de concientización deportiva, según las indicaciones de la OMA. Asimismo, tendrá prohibido realizar actos molestos, violentos o perturbadores contra cualquier integrante del plantel de Patronato.
La restricción no se limitará a los dos futbolistas involucrados en la causa. Barrientos tampoco podrá ingresar a las instalaciones del Club Atlético Patronato ni asistir a eventos deportivos de fútbol durante los dos años fijados por la magistrada.
Cómo ocurrió la agresión a los jugadores
El episodio que originó la investigación ocurrió el 15 de agosto, en inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, después de la derrota de Patronato por 3 a 0 frente a Colón, en Santa Fe.
Barrientos quedó involucrado en la causa penal por su presunta participación en las agresiones y amenazas contra Alan Sosa, capitán del equipo, y Facundo Díaz, también integrante del plantel profesional.
El acusado es hijo de Gustavo "Petaco" Barrientos, quien fue jefe de la barrabrava de Patronato y murió asesinado el 18 de febrero de 2023, durante una salida sociofamiliar en su casa quinta de Colonia Ensayo.
La jueza modificó el acuerdo presentado
Durante la audiencia, la Fiscalía y la defensa propusieron inicialmente una suspensión del juicio a prueba por un año y medio. Sin embargo, Barbagelatta consideró necesario extender las reglas de conducta a dos años, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos.
La magistrada explicó que evaluó la calificación legal, las condiciones personales del imputado, la ausencia de antecedentes penales y el consentimiento de las víctimas para acceder a esta salida alternativa.
"Teniendo en cuenta las condiciones personales de Barrientos, el hecho de que no tenga antecedentes, hace posible valorar que con un ofrecimiento económico de este tipo pudiera acceder a una prisión de ejecución condicional", sostuvo durante la audiencia.
Además, remarcó que el acuerdo contaba con la conformidad de los futbolistas afectados, circunstancia que también fue considerada al momento de resolver, publicó Uno.
Qué ocurrirá si incumple las medidas
La suspensión del juicio a prueba constituye una alternativa al proceso penal tradicional. Permite que una persona imputada cumpla determinadas obligaciones durante un período establecido, sin que se dicte una condena en esa instancia. Si las condiciones se cumplen satisfactoriamente, la Justicia podrá disponer el sobreseimiento del acusado.
Al finalizar la audiencia, Barbagelatta advirtió a Barrientos que cualquier incumplimiento podrá provocar la revocación de la probation, lo que implicaría la continuidad del proceso penal y la posibilidad de enfrentar un juicio oral y público.
De esta manera, la causa quedó sujeta al cumplimiento de las obligaciones económicas, comunitarias y de conducta impuestas por la Justicia.
