Trabajadores despedidos de El Diario reclamaron la ejecución de sentencias firmes que reconocieron su derecho a cobrar indemnizaciones y plantearon ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) su preocupación por las demoras. Los cesanteados de El Diario iniciaron los reclamos judiciales luego de ser desvinculados en mayo de 2018.
La presentación llevó la firma de una veintena de extrabajadores de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), entre ellos periodistas, empleados gráficos y administrativos. Luego de atravesar distintas instancias judiciales, obtuvieron resoluciones favorables que quedaron firmes, pero aseguraron que todavía no pudieron hacer efectivo el cobro.
Tras recibir el planteo, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno, se comunicó con uno de los firmantes para interiorizarse sobre la situación. Los trabajadores solicitaron al máximo tribunal provincial que adopte medidas para remover los obstáculos que, según señalaron, impiden avanzar con las ejecuciones.
“Ocho años de espera”
“Ocho años de espera. Ocho años en los que la Justicia reconoció nuestros derechos, pero esos derechos permanecen, en los hechos, incumplidos”, expresaron en la nota dirigida al presidente y los vocales del STJ.
Los firmantes manifestaron su “indignación, impotencia y profunda preocupación institucional” y sostuvieron que dificultades internas en la organización y funcionamiento de distintos fueros judiciales estarían provocando una virtual paralización de las ejecuciones. “Porque una sentencia que no se ejecuta deja de ser justicia para convertirse en una declaración vacía”, advirtieron.
Además, remarcaron que la empresa deudora continuó adquiriendo medios por cifras millonarias en moneda extranjera mientras sus indemnizaciones permanecieron pendientes. También mencionaron que determinadas conductas de los empresarios se encontraban bajo investigación de la Justicia Penal.
El impacto de la demora
Los extrabajadores consideraron que el problema trascendió sus situaciones individuales y alcanzó al funcionamiento institucional. “Cuando es el propio Poder Judicial el que, por razones de funcionamiento interno, no logra hacer cumplir una sentencia firme dictada por la Justicia, se configura una anomalía institucional de extrema gravedad”, señalaron.
En ese marco, destacaron que durante estos años recurrieron exclusivamente a los mecanismos institucionales disponibles. “No recurrimos al escrache, ni a la violencia, ni a vías de hecho. Acudimos a los tribunales, confiamos en las instituciones, transitamos cada instancia procesal y obtuvimos sentencias firmes favorables. Cumplimos con nuestra parte. Sin embargo, seguimos esperando”, expresaron.
La demora, remarcaron, tuvo consecuencias personales y económicas. Indicaron que algunos de sus compañeros fallecieron sin haber percibido las sumas reconocidas judicialmente y que otros atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad económica mientras aguardaban una resolución efectiva, dio a conocer Análisis.
El pedido al Superior Tribunal
“No pretendemos privilegios ni tratamientos excepcionales. Exigimos únicamente que las sentencias firmes sean cumplidas”, enfatizaron los firmantes al fundamentar el pedido elevado al máximo tribunal entrerriano.
En concreto, solicitaron al Superior Tribunal que adopte las medidas que considere pertinentes para eliminar los obstáculos que impiden concretar las ejecuciones y garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.
“El Poder Judicial no puede, bajo ningún punto de vista, transformarse en un incumplidor de sus propias sentencias”, concluyeron los extrabajadores en el documento presentado ante el STJ.