A través del Decreto 286/2025, el Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA). La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de una estrategia más amplia de reestructuración del sector público que contempla la transferencia de activos y gestión al sector privado. En una primera etapa, se avanzará con la venta del 100% de las acciones que la empresa estatal posee en CITELEC S.A., la sociedad que controla Transener, la principal operadora del sistema de transmisión eléctrica en alta tensión del país.
La operación se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, invocando los artículos 17 y 18 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado. Según establece el decreto, el objetivo es transferir la propiedad de ENARSA “mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio”, a través de “un procedimiento por etapas” que garantice tanto la continuidad de los servicios como el avance de las obras en curso.
El Ejecutivo fundamenta esta medida en el fracaso de la intervención estatal para lograr un servicio eficiente. “La intervención estatal ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el Estado Nacional”, se afirma en los considerandos de la norma.
El Estado sale del negocio eléctrico y abre paso al capital privado
Durante años, ENARSA ha sido sostenida por transferencias millonarias del Tesoro Nacional. Solo en 2023, el Estado giró más de 1,2 billones de pesos a la compañía. Frente a este panorama, el Gobierno apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con mayor capacidad de inversión y experiencia, asuma el control de áreas clave como la transmisión de energía eléctrica. “Con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva, resulta imprescindible promover e incrementar la incorporación de inversores privados”, fundamenta el texto oficial.
El Gobierno resolvió no aplicar preferencias en el proceso de adquisición, lo cual deja fuera cualquier trato especial para los actuales accionistas o trabajadores de ENARSA. Esto incluye a Pampa Energía, la empresa controlada por Marcelo Mindlin, que posee el otro 50% de Citelec. A pesar de esta participación, no tendrá prioridad para adquirir el paquete estatal de acciones en venta.
Además, el decreto remarca que el proceso deberá ajustarse a lo establecido por el artículo 31 de la Ley 24.065, que prohíbe que una misma empresa actúe como generadora y transportadora de energía, con el objetivo de evitar una integración vertical del sistema eléctrico nacional.
Una desinversión gradual que incluye centrales, gasoductos y represas
El Gobierno considera que la finalización del proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) generará un escenario más atractivo para los inversores. Este plan definirá los aumentos tarifarios autorizados para los próximos cinco años, así como los compromisos de inversión de las empresas adjudicatarias.
La venta de Citelec representa solo el comienzo de una reestructuración mayor. Enarsa participa actualmente en 17 unidades operativas y el plan oficial contempla su retiro progresivo de la mayoría de ellas. Entre los activos a privatizar figuran las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, el Gasoducto Perito Moreno y las represas hidroeléctricas en construcción Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ubicadas en Santa Cruz.
“El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación”, destaca el decreto. En adelante, el rol del Estado se centrará en funciones de organización, regulación y fiscalización. “El Estado se enfoca en lo que debe hacer: organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético.”
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo del proceso
El procedimiento de privatización estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con participación activa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Ambos organismos serán responsables de dictar las normas complementarias y asegurar el cumplimiento del marco legal vigente.
La privatización de ENARSA se enmarca dentro de la Ley Bases impulsada por el Ejecutivo, que busca reducir el tamaño del Estado y aliviar el gasto público, en línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. La intención oficial es que ENARSA conserve únicamente su actividad en Gas Natural Licuado y comercialización de gas, dejando en manos privadas el resto de sus operaciones.