La situación de Zoe, una niña de 4 años de Guadalupe Norte, una localidad cercana a la ciudad de Reconquista, que fue retirada este sábado del hogar donde vivía bajo cuidado de un matrimonio desde diciembre, derivó en un fuerte debate en el norte de la provincia de Santa Fe sobre las formas y los tiempos de acompañamiento familiar, los mecanismos de protección de derechos y los límites legales de las guardas informales.

El conflicto se hizo público el viernes pasado, cuando un matrimonio que cuidaba a la menor desde diciembre fue notificado de que debía entregarla ante la delegación correspondiente de la Secretaría de la Niñez en un plazo de 24 horas. La restitución al Estado se concretó este sábado por la mañana, en medio de una movilización de vecinos y allegados que acompañaron a la pareja y cuestionaron la medida por considerar que implicaba un desarraigo para la niña.

Según describen los involucrados, la situación comenzó el 15 de diciembre del año pasado, cuando la madre biológica de la menor, atravesada, según relataron, por una situación de extrema vulnerabilidad social y económica, pidió ayuda para el cuidado de su hija a Jorge Rodríguez y Valeria Chapero, quienes acogieron de manera informal entonces a la niña en su hogar. Con el paso de los meses, la convivencia se consolidó y la niña quedó integrada a la dinámica familiar, aunque sin ninguna intervención formal de los registros y mecanismos previstos por la ley.

Las posturas del padre adoptivo y del Gobierno provincial

Jorge Rodríguez describió el impacto que provocó en el matrimonio la separación de la menor: “Estamos destruidos. Destruidos, pero con fuerza”, aseguró a en declaraciones al programa Algo Que Decir de AIRE de Santa Fe.

Según su relato, el vínculo comenzó cuando su esposa, docente, conoció a la madre biológica durante tareas censarias y luego volvió a contactarse con ella a través de un pedido de ayuda difundido en redes sociales. “La mamá pidió cuidado a través de Facebook y nos hicimos cargo. Nosotros no queremos un título ni ser sus papás. Lo avisamos en la comisaría, en la Secretaría de la Niñez y a la asistente social”, sostuvo.

Por su parte, desde el Gobierno provincial defendieron la intervención sostenida en estos días y señalaron que la medida se adoptó en cumplimiento de una resolución judicial. La secretaria de la Niñez de Santa Fe, Daniela León, explicó que el organismo actuó luego de que la Justicia rechazara el pedido de tutela presentado por el matrimonio.

“La Secretaría es el organismo de aplicación de la ley de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Si una pareja quiere cuidar a una niña, debe inscribirse en el registro de adopción”, remarcó la funcionaria.

Dos visiones, la legalidad y la urgencia

El eje del debate gira alrededor de cómo actuar frente a una situación de vulnerabilidad infantil y cuáles son los límites de las intervenciones informales.

Rodríguez sostuvo que la urgencia de la menor requería una respuesta inmediata y aseguró que intentaron dar intervención a organismos oficiales desde el comienzo: “Volvería a hacer lo mismo porque actué con el corazón. Nos encontramos con una niña en estado de necesidad. Estaba muy flaquita, desnutrida, la llevamos al médico y le hicimos estudios con consentimiento de la mamá”, dijo. Y agregó: “Si yo quisiera sustraer una criatura, no voy a avisarles a las autoridades”.

Desde la Secretaría de la Niñez, por el contrario, insistieron en que cualquier situación de vulneración debe canalizarse exclusivamente por vías institucionales y advirtieron sobre los riesgos de las guardas informales: “Si encontrás a un niño en situación de vulneración, lo que corresponde es denunciar. No llevar al menor a tu casa”, contrapuso León.

La funcionaria sostuvo además que el marco normativo argentino es estricto respecto de los procesos de adopción y guarda. “La niña les dice ‘papá y mamá’, pero no son su papá y mamá. En Argentina, si querés adoptar, tenés que anotarte en el registro correspondiente”, señaló.

La intervención judicial y el rol de los registros

Otro de los puntos de conflicto pasa por las actuaciones administrativas previas. Desde la Secretaría de la Niñez ratificaron que el matrimonio no se encuentra inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA) ni dentro de programas oficiales como Familias Solidarias.

"En la Argentina, si vos querés ser papá o mamá, te tenés que anotar en el RUAGA para poder adoptar. Esto no ocurrió en esta instancia. Y este mismo matrimonio es el que el año pasado en la delegación de Niñez de Vera quiso acoger a un niño de cuatro años, quiso inscribirse en el programa de Familias Solidarias y manifestó el deseo de adoptar al niño. Entonces, obviamente, nunca pudo ingresar al programa de Familias Solidarias y se les recomendó que se inscriban en el RUAGA. O sea, ellos conocen cuál es el sistema para poder tener un hijo o una hija que no sea biológico”, explicó.

León sostuvo además que la tutela solicitada por la pareja fue rechazada por la Justicia y aseguró que la madre biológica “pidió que la cuiden, pero no que se queden con la niña”. Según la mirada oficial, la permanencia de la menor fuera de los canales institucionales profundizó su situación de vulnerabilidad: “Esta niña tiene una vulneración de derechos y ahora la revulneran los adultos”, afirmó.

Rodríguez, en cambio, cuestionó los tiempos de respuesta del Estado y planteó que no hubo seguimiento previo de la situación de la menor: “¿Por qué no vinieron antes a ver cómo estaba?”, replicó. Al mismo tiempo, remarcó los cambios que atravesó la niña durante el tiempo que convivió con ellos: “Ella va a la escuela, va a la fonoaudióloga, no saben lo que avanzó en cuatro o cinco meses”, aseguró. Respecto de la madre biológica, agregó: “La mamá está con nosotros. Esto se podía hacer bien, no arrancándola para llevarla a un hogar”.

El futuro de la menor y la reserva legal

Las partes manifestaron su preocupación por el bienestar inmediato de la niña de cuatro años, aunque desde perspectivas diferentes respecto a cuál debe ser su entorno más adecuado.

"Lo único que pido es que piensen en ella, en su bienestar. Lo dice la comunidad. Entiendo que las leyes están para cumplirse, pero hoy estamos vulnerando el derecho superior de una niña. Estoy a disposición, pero mientras tanto ella está con gente que no conoce", concluyó Rodríguez, reflejando la incertidumbre de la comunidad cercana al matrimonio en Guadalupe Norte.

Desde la Secretaría de la Niñez, en tanto, ratificaron que la menor ya se encuentra bajo la tutela efectiva de los equipos técnicos provinciales y adelantaron los pasos a seguir dentro del protocolo institucional, remarcando que se iniciará una etapa de estricta reserva de datos para resguardar la identidad e intimidad de la niña.

En esa línea, León detalló: "La menor está bajo la órbita de la Secretaría de la Niñez. Ahora se va a realizar un proceso con la progenitora, con la familia ampliada, trabajar para luego decidir el futuro de la niña, que seguramente vamos a poder resolverlo de manera rápida, para que esté el menor tiempo posible al cuidado del organismo".

Y concluyó: "A partir de ahora, la ley nos indica absoluta reserva, dejaríamos de hablar de la niña porque la estaríamos exponiendo", finalizó León, anticipando además una articulación con los servicios locales para profundizar el acompañamiento social a la madre biológica. (fuente Aire de Santa Fe)