El Gobierno nacional estableció nuevos mecanismos de control sobre las empresas petroleras en Malvinas y dispuso que el cumplimiento de la legislación argentina en la materia sea verificado en los proyectos que pretendan incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La medida quedó establecida mediante el Decreto 868/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este viernes en el Boletín Oficial. La normativa designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina.
El decreto se conoció luego del mensaje en cadena nacional que brindó el Presidente por la cuestión Malvinas y busca agilizar los procedimientos administrativos contra personas o empresas que desarrollen, participen o presten servicios para actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Qué sanciones contempla la legislación
La Ley 26.659 ya establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina debe contar con habilitación de las autoridades nacionales. También prohíbe participar directa o indirectamente en empresas que realicen esas actividades sin autorización y contratar o prestar servicios vinculados con esos desarrollos.
Quienes incumplan esas prohibiciones pueden ser inhabilitados por un período de entre cinco y 20 años. En caso de poseer concesiones hidrocarburíferas en territorio argentino, la legislación también contempla su reversión al Estado nacional o a las provincias, según corresponda.
El propio decreto señaló que desde la sanción de esa legislación fueron declaradas ilegales las actividades realizadas por 10 empresas, calificadas como “clandestinas” por desarrollar tareas hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades argentinas.
Plazos para investigar a las empresas
La novedad introducida por el Gobierno pasa principalmente por el procedimiento que deberá seguirse cuando se detecte una posible infracción. Todos los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional deberán comunicar a Cancillería cualquier hecho que pueda constituir una violación de la normativa.
Tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles administrativos desde que tomen conocimiento del caso. A partir de allí, la autoridad de aplicación analizará si existen indicios suficientes para abrir un sumario.
Una vez notificado, el presunto infractor contará con 10 días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Posteriormente, Cancillería tendrá otros 10 días hábiles para resolver el expediente, plazo que comenzará a computarse desde el descargo, su vencimiento o la finalización de la etapa probatoria.
Qué cambia para las empresas que quieran ingresar al RIGI
Otro de los puntos centrales del decreto alcanza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. A partir de ahora, las empresas que pretendan acceder al RIGI deberán presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la legislación vinculada con Malvinas.
El documento deberá ser firmado por el representante legal del Vehículo de Proyecto Único (VPU) y tendrá que establecer que tanto la sociedad como las personas humanas o jurídicas nacionales o extranjeras con participación directa o indirecta en ella no realizan ni realizarán las actividades prohibidas por la Ley 26.659.
Antes de resolver una solicitud de adhesión al RIGI, además, será obligatoria la intervención de Cancillería para determinar si el proyecto o alguna de las personas vinculadas incurrieron en conductas alcanzadas por esas prohibiciones.
También alcanzará a permisos petroleros
La exigencia no quedará limitada a los grandes proyectos de inversión. El decreto también modificó la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos para quienes soliciten permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones.
Además de demostrar solvencia económico-financiera, patrimonio neto mínimo y capacidad técnica, deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no participan ni participarán en actividades prohibidas por la legislación relacionada con la explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.
Cuando se trate de empresas, la declaración deberá comprender también a las personas humanas o jurídicas, argentinas o extranjeras, que tengan algún tipo de participación directa o indirecta.
Cuándo entran en vigencia las nuevas medidas
El decreto estableció que las nuevas disposiciones comenzarán a regir el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde este sábado 5 de septiembre.
El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de responder ante la “persistencia y profundización” de actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.
Asimismo, sostuvo que concentrar la aplicación de la Ley 26.659 en Cancillería permitirá vincular los procedimientos sancionatorios con la estrategia diplomática argentina respecto de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.