El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por una posible evasión tributaria. En su dictamen, sostuvo que la prueba reunida no alcanza para acreditar que el patrimonio del exfuncionario aumentó de manera injustificada durante el ejercicio de la función pública.
Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que se declare incompetente por la materia y remita el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El magistrado deberá decidir si acepta el planteo. Por el momento, el pedido fiscal no implica el sobreseimiento de Adorni ni el cierre de la causa.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026. La Fiscalía revisó sus declaraciones juradas y comparó los ingresos comprobados con los gastos y las adquisiciones registrados en ese período.
Qué evaluó la Fiscalía sobre el origen de los fondos
El dictamen identificó desembolsos por más de US$402.000, de los cuales unos US$374.000 se pagaron en efectivo. También registró una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos comprobados y los gastos, las compras y las cancelaciones de deudas relevados.
En su descargo, la defensa de Manuel Adorni atribuyó parte de los fondos a operaciones con Bitcoin anteriores a su ingreso al Gobierno. Sostuvo que el exfuncionario invirtió cerca de US$200.000 entre 2014 y 2018 y que, al vender esos activos, obtuvo más de US$591.000 que conservó en efectivo.
La Fiscalía consideró que los elementos reunidos no permitían descartar que el dinero se hubiera obtenido antes de que Adorni asumiera un cargo público. Tampoco logró vincular los fondos con "un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función", según el dictamen.
Qué estableció el peritaje de las billeteras virtuales
La pericia verificó que las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa registraron actividad entre 2014 y 2018. También constató que las claves privadas estaban bajo control de la defensa al momento de la diligencia.
Los especialistas no pudieron determinar quién administraba esas direcciones cuando se hicieron las operaciones ni identificar a todas las contrapartes. Por eso, el análisis técnico no permitió confirmar por completo la explicación de Manuel Adorni, pero tampoco aportó elementos para refutarla.
Pollicita también revisó los ingresos formales del exfuncionario y de su esposa durante los años previos a su ingreso al Gobierno. Según la Fiscalía, esos registros muestran que la inversión alegada era económicamente posible, aunque por sí solos no prueban que se haya realizado en los términos descriptos por la defensa.
Qué busca determinar el pedido por posible evasión
El fiscal señaló que resta examinar si hubo ingresos, tenencias de dólares u operaciones con criptoactivos que debieron incluirse en las declaraciones impositivas. Entre los elementos que motivaron el pedido mencionó la incorporación de bienes y fondos en declaraciones rectificativas presentadas después del inicio de la investigación.
La pesquisa tributaria también abarcaría el origen de los ingresos que, según la defensa, se usaron para comprar Bitcoin, el resultado de la venta de esos activos y las diferencias entre los datos informados a plataformas digitales y los declarados ante organismos públicos.
Si Lijo acepta el pedido de Pollicita, el expediente se enviará al fuero penal económico para sortear el juzgado que intervendrá. Allí se deberá determinar si existió evasión de Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales en los períodos fiscales examinados.