Los incumplimientos de cuota alimentaria abrieron paso en los últimos años a distintas respuestas judiciales destinadas a garantizar que niños y adolescentes reciban la prestación que les corresponde. La abogada de Familia Carolina Harrington explicó a Elonce qué herramientas pueden aplicarse y cuáles son los cambios que se encuentran actualmente en debate.

Según señaló la especialista, no existe una única medida para todos los casos. Los tribunales pueden evaluar las características del incumplimiento y adoptar mecanismos específicos que resulten efectivos para que el progenitor obligado regularice el pago.

"Hay que ver el caso concreto, qué medida puede tener eficacia para que esa persona que no paga logre el cumplimiento de la prestación alimentaria", explicó Harrington. En ese marco, mencionó diferentes antecedentes registrados tanto en Paraná como en otros puntos del país, donde las restricciones fueron definidas de acuerdo con las circunstancias particulares del deudor.

El debate por la denominada "Ley Cazzu"

Harrington también se refirió a la iniciativa conocida públicamente como "Ley Cazzu", cuyo debate apunta a incorporar nuevas herramientas vinculadas con la responsabilidad parental cuando existe incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Según explicó la abogada, una de las cuestiones planteadas es la posibilidad de avanzar con una suspensión temporal de la responsabilidad parental ante determinados incumplimientos. La especialista señaló que una modificación de esas características también podría facilitar decisiones cotidianas relacionadas con hijos menores de edad.

"Le permitiría a esa mamá sacar un turno médico, viajar con su hija o hijo y realizar los trámites pertinentes en la escuela", ejemplificó Harrington. Aclaró, sin embargo, que se trata de una iniciativa que todavía requiere tratamiento legislativo y, por lo tanto, no constituye actualmente una herramienta vigente.

El incumplimiento y la violencia económica

La abogada también vinculó la falta de pago con situaciones de violencia económica cuando el incumplimiento perjudica a quien afronta cotidianamente los gastos y las tareas de cuidado de los hijos.

En ese sentido, remarcó que existen diferentes herramientas judiciales para reclamar el cumplimiento, pero que no todas resultan aplicables de igual manera. La elección depende de las características del deudor, su actividad y las circunstancias particulares de cada expediente.

Finalmente, Harrington recomendó buscar asesoramiento jurídico ante incumplimientos para evaluar las alternativas disponibles. "Lo importante es consultar a tiempo con una abogada o abogado", concluyó.