El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni pidió más tiempo para justificar su patrimonio ante la Justicia, en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa solicitó una prórroga de 15 días para responder las 20 inconsistencias señaladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
El plazo original vence este miércoles y el planteo quedó en manos del juez federal Ariel Lijo. La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, argumentó que necesita acceder a archivos y conversaciones incorporados como prueba y citados por la Fiscalía, pero que todavía no pudo revisar.
Lijo deberá resolver ahora si concede la extensión solicitada y puede pedir previamente la opinión de la Fiscalía. La justificación patrimonial constituye una instancia relevante de la investigación: si las explicaciones no resultaran satisfactorias, el fiscal podría solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria, cuya convocatoria debe resolver el juez.
Las 20 inconsistencias que deberá explicar Adorni
El requerimiento fue firmado por Pollicita el pasado 10 de agosto. El documento tiene 207 fojas y contiene 20 puntos sobre bienes, movimientos financieros, gastos e inversiones que, según la acusación, todavía no tienen una explicación suficiente.
La investigación comprende el período que comenzó el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional durante el gobierno de Javier Milei, y se extendió hasta el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.
Entre las cuestiones bajo análisis aparecen el origen de dólares en efectivo, préstamos familiares, la compra de un Jeep, operaciones inmobiliarias, reformas de propiedades, viajes, consumos con tarjetas de terceros y operaciones con criptoactivos.
Una diferencia superior a los $43 millones
Según los números reconstruidos por la Fiscalía, Adorni y su esposa registraron ingresos por $229.752.283,20, mientras que los gastos relevados en pesos ascendieron a $272.820.832,20.
La diferencia alcanzó así aproximadamente $43 millones, uno de los montos que la investigación considera pendiente de justificación. Los gastos relevados incluyeron, entre otros conceptos, servicios, expensas, impuestos, viajes, seguros, electrodomésticos y consumos con tarjetas. La existencia de inconsistencias por unos $43 millones fue consignada en el requerimiento fiscal.
A ese análisis se sumaron movimientos en moneda extranjera. La Fiscalía contabilizó USD 402.578,12 en gastos vinculados, entre otros conceptos, con operaciones inmobiliarias, reformas, mobiliario, alquileres temporarios y viajes.
Dólares, propiedades y criptomonedas
Uno de los puntos que Adorni deberá responder está relacionado con dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos”. La Fiscalía pretende determinar qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores y qué documentación respalda las operaciones.
También deberá aportar información sobre préstamos familiares, explicar la procedencia del dinero utilizado para adquirir un vehículo y responder sobre propiedades y reformas investigadas. Entre los movimientos analizados aparecen desembolsos relacionados con una vivienda en el country Indio Cuá.
Las operaciones con criptomonedas constituyen otro eje de la investigación. Las medidas de prueba incluyeron pedidos de información a plataformas vinculadas con criptoactivos y el análisis de movimientos financieros atribuidos al exfuncionario.
Qué puede pasar ahora
La primera definición será determinar si Lijo acepta la prórroga de 15 días adicionales solicitada por la defensa. Hasta que el magistrado se pronuncie, permanece vigente el vencimiento originalmente previsto para este miércoles.
Una vez presentada la justificación patrimonial, los investigadores deberán evaluar si las respuestas y la documentación aportada permiten explicar las inconsistencias detectadas.
Si las explicaciones no resultaran suficientes, la causa podría avanzar hacia una eventual declaración indagatoria de Adorni. La investigación continúa abierta y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine que el exfuncionario haya cometido el delito investigado.