El presidente Javier Milei declaró secreto militar un proceso de adquisición de equipamiento para Defensa. La medida permite reservar información sobre las contrataciones y exceptuarlas de los mecanismos habituales de publicidad.
El Gobierno nacional declaró secreto militar un proceso de adquisición de material y equipamiento destinado a la Defensa Nacional. La decisión permite mantener bajo reserva las operaciones contractuales involucradas y exceptuarlas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión.
Responde a un requerimiento del Ministerio de Defensa, que consideró necesario restringir el acceso a la información relacionada con las adquisiciones por razones de seguridad nacional.
Según los fundamentos del decreto1205/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, la naturaleza, las características y la finalidad del equipamiento justificaron que los detalles del procedimiento fueran conocidos únicamente por personas autorizadas. El Ejecutivo sostuvo que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
Qué implica la declaración de secreto militar
El decreto estableció que las operaciones contractuales necesarias para concretar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD quedarán comprendidas en la categoría de secreto militar.
En consecuencia, los organismos responsables podrán avanzar con los procedimientos de contratación sin cumplir las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones.
El texto publicado en el Boletín Oficial no identifica los equipos o materiales que se pretende adquirir. Tampoco informa cantidades, proveedores, países de origen ni montos presupuestarios.
En qué normas se fundamenta la decisión
El Poder Ejecutivo fundamentó la declaración en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación de secreto militar para determinados asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
Entre ellos se incluyen adquisiciones, fabricaciones, construcciones y sus correspondientes negociaciones y trámites, cuando revisten importancia fundamental para las capacidades militares.
También citó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, que establece las bases del sistema de defensa argentino, y la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa responsabilidades sobre la evaluación de las necesidades de equipamiento militar.
En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la reserva de información resultaba necesaria para evitar que la divulgación de las características y finalidades del material pudiera comprometer los medios de defensa de la Nación.
