El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay se declaró incompetente al considerar que los delitos investigados son de carácter ordinario. El proceso contra Carina Izaguirre y los demás imputados continuará ante los tribunales provinciales.
La causa Potenciar Trabajo continuará en la Justicia provincial luego de que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declarara su incompetencia para intervenir en el expediente que tiene como principal imputada a Carina Izaguirre.
La decisión determinó que la investigación, tramitada durante casi dos años en el ámbito federal, pase a la órbita de los Tribunales de Gualeguaychú. El cambio de competencia se fundamentó en que los delitos atribuidos a los acusados -amenazas coactivas, extorsión y usura- son de carácter ordinario.
El traspaso no implica una absolución ni una definición sobre la responsabilidad penal de Izaguirre y de los demás imputados. Tampoco modifica por sí mismo las acusaciones. La causa continuará su trámite, pero bajo las reglas y autoridades del sistema judicial provincial.
El origen de la investigación
La investigación comenzó a fines de 2024 a partir de denuncias relacionadas con el manejo de beneficios correspondientes al entonces programa Potenciar Trabajo.
La hipótesis desarrollada durante la instrucción federal vinculó a Izaguirre y a otras personas con un presunto esquema que habría incluido exigencias de dinero a beneficiarios, amenazas y el otorgamiento de préstamos con intereses elevados.
Izaguirre fue detenida el 18 de diciembre de 2024 por orden del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En enero de 2025, el magistrado dictó su procesamiento por amenazas coactivas, extorsión y usura, además de disponer la prisión preventiva.
Uno de los aspectos centrales de la acusación estuvo relacionado con el supuesto cobro de una parte del dinero recibido por los beneficiarios y con préstamos concedidos a personas en situación de vulnerabilidad, quienes presuntamente debían devolverlos con intereses elevados.
Desde el comienzo del proceso, el abogado defensor Matías Farías cuestionó distintos aspectos de la imputación. Entre sus planteos estuvieron la calificación legal de los hechos y la competencia de la Justicia Federal para intervenir.
Izaguirre permanece con prisión domiciliaria
La situación procesal de Izaguirre tuvo una modificación en abril de 2025, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le concedió la prisión domiciliaria.
La medida incluyó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y restricciones de contacto y acercamiento respecto de beneficiarios de Potenciar Trabajo y de otras personas vinculadas con la investigación. Su traslado desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú hasta su domicilio se concretó a fines de ese mes.
Tras conocerse el cambio de fuero, Farías adelantó que continuará realizando presentaciones en el ámbito provincial. “Vamos a realizar los planteos y presentaciones necesarias para avanzar en el proceso. Tal como se logró que Izaguirre saliera de la prisión preventiva y que la mayor parte de los imputados puedan ser sobreseídos, ahora vamos a continuar en el mismo sentido con los imputados que quedan”, indicó el abogado a El Argentino.
Por qué el caso pasó al fuero provincial
La fiscal federal Josefina Minatta sostuvo que las amenazas coactivas, la extorsión y la usura investigadas son delitos ordinarios. También señaló que no se encontraba acreditada una afectación directa a bienes o intereses del Estado nacional que justificara la continuidad del expediente en el fuero federal.
Según explicó, los fondos cuestionados ya se encontraban bajo la órbita de particulares cuando presuntamente ocurrieron los hechos investigados.
Minatta también vinculó el expediente con un conjunto de causas iniciadas a partir de denuncias recibidas mediante una línea telefónica y señaló que otros casos con modalidades similares fueron remitidos por la Corte Suprema a las jurisdicciones provinciales.
A partir de ese dictamen, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay se declaró incompetente y dispuso el envío de las actuaciones a la Justicia entrerriana.
El expediente ingresará ahora en una nueva etapa ante los Tribunales de Gualeguaychú, donde deberán definirse los próximos pasos procesales, la continuidad de las medidas vigentes y el futuro de las acusaciones contra Izaguirre y los restantes imputados.
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