REDACCIÓN ELONCE
El abogado penalista Marcos Rodríguez Allende analizó en Plaza Mansilla, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, el sistema acusatorio, repasó su intervención en causas vinculadas a exfuncionarios y la Fiscalía Anticorrupción.
El abogado penalista Marcos Rodríguez Allende realizó un amplio análisis sobre el sistema acusatorio entrerriano, las herramientas que ofrece para resolver conflictos penales y su aplicación en investigaciones vinculadas a la administración pública. En diálogo con Plaza Mansilla, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, también repasó su trayectoria y su participación como defensor en diferentes causas judiciales.
Rodríguez Allende contó que se recibió de abogado en 1994 y posteriormente comenzó a desempeñarse como asesor legal del IAPV. Con el paso de los años integró distintos espacios dentro del Estado provincial y desarrolló paralelamente su actividad como abogado penalista.
“Siempre digo que el sector eléctrico ha sido mi segunda casa, pero mi pasión es la actividad judicial, sin dudas”, señaló al recordar su paso por el Ente Regulador de Energía. También relató que fue asesor legal de la Jefatura de Policía y docente dentro de la institución policial.
Su intervención en las causas contra Urribarri
Durante la entrevista, Rodríguez Allende repasó su participación en las investigaciones que involucraron al exgobernador Sergio Urribarri. Explicó que inicialmente ejerció su defensa y ubicó un momento determinante de la investigación en los allanamientos realizados el 6 de agosto de 2016.
“El quiebre en la investigación fue el 6 de agosto del 2016. Allanamiento en la imprenta de Racedo (Tep SRL). Yo creo que ahí fue un antes y un después”, sostuvo. Según relató, a partir de las evidencias obtenidas consideró necesario definir rápidamente una estrategia procesal.
El abogado indicó que planteó la posibilidad de buscar una salida mediante un juicio abreviado. “Una de las estrategias planteadas podía ser acotar las responsabilidades a partir de lo que se llama un juicio abreviado”, recordó. Según su relato, Urribarri recibió otro asesoramiento y optó por una estrategia diferente.
Qué dijo sobre la condena
Tras dejar la defensa de Urribarri, Rodríguez Allende continuó representando a Juan Pablo Aguilera durante una etapa del proceso. Consultado sobre el desenlace de la causa, reconoció que contemplaba la posibilidad de una sentencia condenatoria, aunque no imaginaba una pena de esa magnitud.
“Nunca me imaginé una pena de esas características. Sí me imaginé una sentencia condenatoria después de haber desarrollado el debate, pero no de esa magnitud”, expresó.
En ese contexto, diferenció los distintos hechos que integraron el proceso y sostuvo que algunos de los legajos presentaban, desde su perspectiva como defensor, situaciones diferentes. Sus consideraciones fueron planteadas como parte de su evaluación profesional de la causa y de la estrategia que había propuesto años antes.
La investigación de Contratos II
Rodríguez Allende también se refirió a la causa denominada Contratos II, donde indicó que ejerce la defensa de los exvicegobernadores José Cáceres y Adán Bahl. Explicó que el expediente analiza posibles responsabilidades de autoridades legislativas en diferentes períodos y destacó el trabajo realizado con los fiscales.
“Nosotros estamos trabajando muy activamente con los fiscales y acá debo reconocer que los fiscales han aceptado todas y cada una de las medidas probatorias que les fui proponiendo”, afirmó. Según explicó, incorporaron documentación y realizaron entrevistas relacionadas con el funcionamiento del sistema de contratación.
Sobre el estado de la investigación, añadió: “En este momento vamos a ver qué deciden los fiscales, pero hemos avanzado significativamente”. Rodríguez Allende remarcó que, desde la posición de las defensas que representa, considera necesario analizar separadamente cada período investigado.
“El sistema acusatorio vino para quedarse”
Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con el funcionamiento del proceso penal entrerriano. “Sin duda que el sistema acusatorio vino para quedarse, no solo en nuestra provincia, sino también en la República Argentina y en todos los países de Latinoamérica”, sostuvo Rodríguez Allende.
El penalista consideró que el modelo requiere una participación activa de fiscales y defensores para intentar resolver los conflictos en etapas tempranas. “Esto no se trata de una guerra de teorías del caso, a ver quién tiene la teoría del caso más potente y llega al juicio de la forma más grande”, expresó.
En esa línea, formuló una de sus principales definiciones: “Yo creo que llegar a juicio, de alguna manera, representa un cierto fracaso del sistema acusatorio, porque lo que intenta el sistema adversarial es resolver los conflictos con la mayor rapidez posible”.
Los cambios que considera necesarios
Rodríguez Allende señaló que el sistema puede perfeccionarse y mencionó entre los aspectos a discutir las facultades de los juzgados de Garantías y los denominados plazos razonables. Aclaró que los tiempos de investigación dependen de las características y complejidad de cada delito.
“No es lo mismo estar investigando un delito en flagrancia, que ya se cometió y tenemos las evidencias, que es una causa que en 15 días la podemos elevar a juicio o podemos tener una salida alternativa de un juicio abreviado”, ejemplificó.
En contraposición, mencionó las investigaciones por delitos contra la administración pública y, particularmente, enriquecimiento ilícito. “Es un delito no solamente complejo, sino estrictamente contable, en donde se hacen distintos tipos de pericias, tasaciones e informes contables. Eso lleva un tiempo prolongado; la recolección de pruebas y de evidencia es compleja”, explicó.
La relación entre la defensa y los fiscales
El abogado explicó que su metodología consiste en establecer un diálogo con la Fiscalía desde el inicio de una investigación para conocer las evidencias, plantear medidas y buscar una solución dentro de las herramientas previstas por el proceso.
“Cuando tengo un problema o cuando alguien tiene un problema que resolver, una denuncia, lo primero que hago es juntarme con el fiscal a ver cómo podemos resolver esta cuestión, qué necesita para demostrarle que acá no hay delito”, señaló.
Rodríguez Allende sostuvo que ese trabajo demanda una participación constante. “Muchas veces peco de pesado con los señores fiscales, pero esto necesita que dos o tres veces a la semana nos estemos juntando, hablemos del tema, propongamos las pruebas y las evidencias que sean necesarias para acercarse cada uno a la teoría que más convenga”, afirmó.
Su opinión sobre la Fiscalía Anticorrupción
En el tramo final de la entrevista, el penalista se refirió a la conformación de la Fiscalía Anticorrupción y consideró positiva la especialización para investigar delitos relacionados con la administración pública.
“Es un avance muy importante. Me parece que esa ley de creación, cuando Rosario era ministra de Gobierno, ha sido un gran avance”, expresó Rodríguez Allende. Además, lamentó que haya habido pocos postulantes al concurso, aunque valoró la experiencia profesional de quienes se presentaron.
Finalmente, consideró fundamental que quien ocupe esa función cuente con conocimientos que excedan el derecho penal y procesal. “La persona que vaya a tener este rol tan importante debe conocer, indudablemente, más allá del derecho penal o la expertiz del derecho procesal, el derecho administrativo”, concluyó.
