El Gobierno prepara una reforma penal que tipifica nuevos delitos y endurece las penas como parte de una estrategia para acelerar cambios urgentes en el sistema judicial.
El Gobierno prepara una reforma penal que tipifica nuevos delitos y endurece las penas con el objetivo de avanzar de manera más rápida en modificaciones consideradas prioritarias dentro del sistema judicial. La iniciativa será impulsada por el Ministerio de Justicia y representa un cambio en la estrategia legislativa oficial.
A diferencia del plan original, que contemplaba una reforma integral del Código Penal con más de 900 artículos, el Ejecutivo optó por fragmentar el proyecto en etapas. Esta decisión busca facilitar el tratamiento parlamentario y acelerar la aprobación de medidas urgentes en materia de seguridad y justicia.
El nuevo texto será presentado como una “primera etapa” y se espera que sea debatido en el Congreso durante el trimestre en curso. La iniciativa coincide con la llegada de nuevas autoridades en el área judicial, lo que también imprime un cambio de enfoque en la propuesta.
Un enfoque centrado en las víctimas
Uno de los ejes principales del proyecto es la incorporación de un criterio de interpretación “pro-víctima”. Este principio obligará a los jueces a priorizar los derechos de las personas afectadas por delitos al momento de dictar resoluciones.
Además, se establece que las víctimas deberán prestar consentimiento en decisiones clave del proceso judicial, como la suspensión del juicio a prueba, lo que implica un cambio significativo respecto del esquema actual.
Desde el oficialismo aseguran que este enfoque busca equilibrar el sistema penal, otorgando mayor protagonismo a quienes sufren las consecuencias de los delitos.
Nuevas figuras delictivas y penas más severas
La reforma penal introduce por primera vez la tipificación de delitos que han tenido un fuerte impacto social en los últimos años. Entre ellos, se incluye la figura de la “viuda negra” como robo agravado, con penas que podrían alcanzar hasta los doce años de prisión.
También se incorpora la figura del “motochorro”, con condenas que van de dos a ocho años, además de inhabilitaciones para conducir por períodos prolongados. A esto se suman las “salideras” y “entraderas”, que tendrán sanciones específicas de entre tres y doce años.
En materia de seguridad vial, el proyecto propone elevar las penas para las picadas callejeras hasta un máximo de seis años de prisión. Asimismo, se plantea una modificación profunda en la legislación sobre maltrato animal, incorporando estas conductas directamente en el Código Penal.
Migraciones y protección de menores
Otro de los puntos centrales del proyecto está vinculado al régimen migratorio. La iniciativa contempla penas de entre uno y veinte años de prisión para delitos como el ingreso ilegal, el tráfico de personas y el soborno a autoridades migratorias, según información de Los Andes.
Además, se prevén sanciones más severas para aquellos extranjeros que, tras ser deportados, reincidan en el ingreso al país, reforzando así el control fronterizo.
Por último, el proyecto endurece significativamente las penas vinculadas a delitos contra menores. El grooming y el abuso sexual infantil tendrán condenas más altas, que pueden llegar hasta los quince años en casos agravados. También se incrementan las sanciones para la producción, distribución y tenencia de material de explotación sexual infantil.
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