REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento se realizó en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Secuestraron más de 100 gramos de cocaína, dinero en efectivo y detuvieron a dos personas.
Desarticularon un punto de venta de droga frente a un centro comunitario en la ciudad de Nogoyá, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas, con colaboración del Grupo Especial dependiente de la Jefatura Departamental.
El operativo se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Conscripto Bernardi, esquina Alfredo Palacio, donde funcionaría el punto de comercialización de estupefacientes. Durante el desarrollo de las tareas, el principal investigado fue localizado a dos cuadras del lugar bajo sospecha.
Tras la requisa personal, los efectivos constataron que el hombre tenía en su poder cocaína compacta, la cual estaría destinada al fraccionamiento para su posterior venta. En simultáneo, se ejecutó el mandamiento judicial de allanamiento en la vivienda vinculada a la causa.
Secuestros y detenciones
Como resultado del procedimiento integral, se secuestraron más de cien gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo que superó el medio millón de pesos, balanzas digitales, teléfonos móviles y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Asimismo, se procedió al secuestro del automóvil del principal investigado, que habría sido utilizado en el marco de la actividad ilícita. En el lugar fueron identificadas cuatro personas.
Por disposición judicial, se ordenó la detención e incomunicación de dos de ellas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por microtráfico.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá, a cargo del Dr. Oscar Eduardo Rossi, con intervención del fiscal Dr. René Martínez. Desde la fuerza policial destacaron el trabajo articulado entre la División Drogas Peligrosas y las autoridades judiciales, lo que permitió reunir pruebas consideradas contundentes para comprobar la actividad investigada.
