La ciudadanía italiana por descendencia, conocida como iure sanguinis, enfrenta su mayor cambio en décadas. A partir del 27 de marzo de 2025, millones de personas en el mundo podrían perder el derecho a solicitarla debido a las nuevas restricciones impuestas por el gobierno de Italia. La reforma legal acota los criterios de elegibilidad, afectando especialmente a países con fuerte herencia italiana como Argentina, Brasil y Uruguay.
Con la conversión del Decreto-Ley 36/2025 en la Ley 74/2025, Italia impuso límites estrictos sobre quién puede acceder a la ciudadanía italiana por vía sanguínea. A partir de ahora, solo los hijos y nietos de ciudadanos italianos podrán iniciar el trámite. Esto deja fuera automáticamente a millones de personas que descienden de bisabuelos o generaciones más lejanas, quienes históricamente también eran elegibles.
Además, los solicitantes deberán demostrar al menos dos años de residencia efectiva en Italia, presentar constancia de pago de impuestos, y haber participado en algún proceso electoral o tramitado documentos oficiales italianos. El nuevo marco legal busca garantizar un vínculo real con el país, alejando el beneficio de quienes no mantienen contacto directo con la cultura o la vida italiana.
Examen de idioma y barreras adicionales para los aspirantes
Uno de los requisitos más exigentes es la aprobación de un examen oficial de italiano. A partir de ahora, cualquier aspirante a la ciudadanía italiana deberá acreditar su dominio del idioma mediante una prueba reconocida por el Estado italiano. Esta medida ha generado preocupación entre descendientes que no crecieron con el idioma y ahora deberán invertir tiempo y recursos para prepararse.
Los expertos en derecho migratorio recomiendan iniciar el proceso lo antes posible si se cumple con las condiciones actuales. Aquellos que hayan presentado su solicitud antes del 27 de marzo de 2025 podrán continuar bajo el régimen anterior, que no exige residencia ni dominio del idioma.
Impacto global: comunidades italianas en alerta
Las nuevas restricciones a la ciudadanía italiana afectan de forma directa a comunidades enteras en América Latina. En Argentina, por ejemplo, se estima que cerca de 25 millones de personas tienen algún grado de ascendencia italiana. Muchos de ellos aspiraban a iniciar el proceso en los próximos años, especialmente como alternativa migratoria o para reconectar con sus raíces familiares.
Organismos italianos en el exterior, consulados y asociaciones culturales han comenzado a difundir información sobre los cambios y recomiendan a los interesados que consulten fuentes oficiales y accedan a asesoramiento legal especializado. La ciudadanía italiana, que alguna vez fue símbolo de inclusión y herencia sin límites, ahora se convierte en un derecho más restringido, reflejo de una política migratoria en transformación. (Con información de El Cronista)
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