REDACCIÓN ELONCE
"Estos chicos, que hacen esa actividad ilícita, pueden ser criminalizados, pero en realidad son también víctimas de los grandes narcotraficantes", dijo José Ignacio Candioti, fiscal federal de Entre Ríos en El Ventilador.
El caso del “Pequeño J” en Buenos Aires, acusado de ser autor intelectual del triple femicidio, muestra cómo adolescentes quedan atrapados en circuitos de violencia y narcotráfico desde muy jóvenes. ¿Qué pasa con los chicos de los barrios entrerrianos cuando son usados como “soldaditos” por estas redes?
La escuela, la familia y el Estado tienen un rol clave en la prevención, pero ¿qué estrategias funcionan para evitar que caigan en estas organizaciones? La justicia interviene cuando los jóvenes cometen delitos vinculados a estas actividades, pero la pregunta es: ¿cómo combinar la prevención social con la acción legal para proteger a quienes están en riesgo?
Este fenómeno exige un abordaje integral: detectar vulnerabilidades, fortalecer espacios de contención y generar oportunidades para que los jóvenes elijan caminos distintos al delito y la violencia.
El tema fue debatido en el programa El Ventilador, de Elonce.
José Ignacio Candioti, fiscal federal de Entre Ríos, abordó los desafíos que enfrenta la provincia y el país en la lucha contra el narcotráfico, resaltando la importancia de que todos los sectores de la sociedad, incluidos los operadores judiciales, se involucren. "No podemos hacernos los distraídos", aseguró, y señaló que, además de las condenas penales, es crucial un enfoque integral que involucre a las instituciones y a la comunidad.
Señaló que en el marco de un juicio importante en el Tribunal Oral Federal, donde se trataba el caso de un imputado por transportar 44 kilos de sustancias ilegales hacia una pequeña localidad de Entre Ríos, San Jaime, en su alegato, el fiscal expresó que el daño potencial que el narcotráfico genera en la población no puede ser ignorado. "El daño que le iba a ocasionar a la población cuando ese cargamento llega a destino, no lo podíamos ignorar. Más allá de la sanción penal y de la condena por la conducta, la sanción debe ser proporcional al daño que se causa", afirmó, argumentando que la condena debería superar los 5 años de prisión, dado el grave impacto de estos delitos en la sociedad.
En relación al narcotráfico, el fiscal destacó que no solo es un problema local, sino que se trata de una problemática mundial que afecta a todas las naciones. "Es una problemática mundial, yo siempre cuando hablo de narcotráfico, cuando hablo de trata de personas, que es otro de los temas involucrados y bastante vinculado, es porque son temas que tienen que ver con el crimen organizado ambos, y son actividades muy lucrativas en todo el mundo", dijo.
El fiscal también abordó la participación de menores en el narcotráfico, señalando la grave preocupación que esto genera, ya que los niños y adolescentes se ven atrapados en las redes del crimen organizado. "Son víctimas de los grandes narcotraficantes que se quedan con las ganancias", afirmó, subrayando que la ley penal contempla agravantes cuando se emplean menores para estos delitos, lo que permite sancionar con mayor severidad a los grupos criminales organizados.
"Yo reclamo que las condenas sean altas ante los casos de gravedad. La ley que castiga parte de las conductas más gravosas, que son las que tienen que ver con la comercialización, el traslado, la fabricación de estupefacientes, la comercialización al menudeo, tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 15 años. Una pena de 12 o de 15 años, convengamos que es una pena importante. En las figuras agravadas que yo les decía, por ejemplo, si el delito se comete cerca de un establecimiento educativo, el mínimo es de 6 años y el máximo es de 20, o sea, veamos que tiene pena prácticamente muy similar a la del homicidio. La legislación Argentina tiene penas elevadas, el tema es por parte de los operadores judiciales aplicarlas cuando correspondan. Si cumplen una pequeña porción del castigo y salen, recordemos, que hay una reforma hace poco a la Ley de Estupefaciente en la cual, no solo estupefacientes, sino para la trata de personas, para los delitos de crímenes organizados, estableció que esa posibilidad de salidas quedaban restringidas", remarcó.
Uno de los puntos clave que abordó fue la vinculación del narcotráfico con las salidas laborales y las condiciones de vulnerabilidad de muchos jóvenes. Advirtió que la verdadera solución pasa por brindar a los jóvenes oportunidades laborales dignas y programas de reinserción social que les permitan salir de las redes de narcotráfico.
El fiscal también hizo referencia a la creciente preocupación por el uso de "soldaditos" o jóvenes manipulados por los narcotraficantes para realizar las tareas de distribución de drogas. En este contexto, recalcó que, si bien estas personas son responsables del delito, también son víctimas del sistema. "No debemos criminalizar a los chicos que están atrapados en este círculo, sino a los que lucran con su sufrimiento", enfatizó.
En cuanto a la discusión sobre la pena de muerte, el fiscal mostró su desacuerdo, destacando que las penas severas ya están establecidas en el Código Penal, pero el verdadero desafío radica en la aplicación de estas penas por parte de los operadores judiciales.
También fue consultado sobre la vinculación entre el narcotráfico y la violencia de género. Aunque no se han registrado casos de narcotráfico directamente relacionados con feminicidios en la provincia, el fiscal destacó el uso de mujeres vulnerables como "mulas" para el transporte de estupefacientes. "Es un problema grave que hemos visto en varias ocasiones, y la utilización de mujeres vulnerables en estas actividades debe ser condenada", afirmó, agregando que en muchos casos estas mujeres también son víctimas de trata de personas.
Respecto a las drogas que más circulan en la provincia, el fiscal señaló que, según las estadísticas de las causas judiciales, la marihuana es la droga más comúnmente traficada, seguida por la cocaína y, en menor medida, el éxtasis. "Por suerte, el éxtasis no circula tanto en la provincia, aunque hemos tenido casos graves", comentó, refiriéndose a los recientes juicios relacionados con sobrecargamentos de éxtasis.
Finalmente, el fiscal subrayó que el Estado debe jugar un papel central en la prevención del narcotráfico, trabajando en políticas públicas de prevención de adicciones y ofreciendo soluciones laborales para los jóvenes. En este sentido, destacó el papel de las escuelas y las familias en la contención de los jóvenes, enfatizando la importancia de una educación integral que les permita comprender los riesgos del consumo de drogas.
Además, el fiscal resaltó las nuevas iniciativas en la provincia para coordinar esfuerzos entre los operadores judiciales provinciales y federales, lo que permitirá un intercambio de información más eficiente y un enfoque más integral para enfrentar el narcotráfico.
Concluyó que la lucha contra el narcotráfico requiere de una cooperación interinstitucional que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde la justicia hasta las fuerzas de seguridad, y que, aunque el panorama es complejo, siempre hay espacio para mejorar y avanzar en la persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico.
