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El inmueble, de propiedad privada, está ubicado a la altura del kilómetro 7 de la ruta 174, del lado sur.
Al ser un Área Natural Protegida no están permitidos en el lugar eventos de estas características. Ni bien tomó conocimiento, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso un operativo de constatación, ya que tiene el poder de policía administrativo, pero carece de atribuciones judiciales.
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Al no contar con orden de allanamiento no fue posible acceder al predio y se levantó un acta dejando constancia de lo que ocurría. La actuación fue supervisada por los directores generales del área Legal, Osvaldo Fernández, y de áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza. Luego tomó intervención la fiscal federal de Victoria, Rosana Luggren, en el marco de un expediente que tramita en el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martín, en el que se ha dictado una medida cautelar protectiva de la reserva. La fiscal abrió una causa por el posible delito de resistencia o desobediencia a un funcionario público. A su vez, un grupo de vecinos se presentó ante el juez Federico Martín denunciando la convocatoria a la fiesta electrónica.
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En la madrugada, el organizador comunicó que hacía la fiesta sin permitir el ingreso de los funcionarios. Ante estas circunstancias, la fiscal solicitó varias medidas que fueron autorizadas, horas más tarde, por el juez actuante. De este modo, recién después del mediodía se allanó el predio y se procedió al secuestro de diversos elementos. La Brigada Ambiental, con la presencia de Aceñolaza, efectuó una verificación de los daños ambientales.
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