Sociedad Salud

Muchos argentinos suspenden estudios o tratamientos médicos para reducir gastos

Según una encuesta sobre el acceso a la atención, uno de cada tres argentinos suspendió algún estudio diagnóstico o un tratamiento. El 89% de los mayores de 18 años dice que debería modificarse el sistema sanitario.
Un relevamiento para conocer cómo la economía familiar está influyendo en el uso de los servicios de salud en el país indica que, en la población general, uno de cada tres argentinos suspendió algún estudio diagnóstico o un tratamiento para reducir los gastos.

Las diferencias surgen de acuerdo con la cobertura y, como suele suceder, en los extremos están los usuarios del sistema público y de las prepagas. Los recortes alcanzan a una de cada dos personas que van al hospital, en comparación con apenas uno de cada 10 usuarios de los servicios privados.


En el medio quedan los afiliados al PAMI: el 34% dijo que tuvo que modificar algún tratamiento por motivos económicos. Entre los afiliados a las obras sociales y las mutuales, el 23% tuvo que optar por hacer lo mismo.

Pero la organización y la gestión del sistema de prestaciones en general también influyen en el acceso, de acuerdo con los resultados de esta nueva encuesta del Programa de Estudios sobre la Salud en la Argentina (Proesa) de Poliarquía Consultores y Prosanity.

"La investigación demuestra que los argentinos frecuentan asiduamente los servicios médicos (ocho de cada 10 afirman haber ido por lo menos una vez al médico en el año) y que poseen una buena evaluación sobre ellos. Sin embargo, no dudan en señalar grandes limitaciones por razones económicas, de cobertura, de organización y de complejidad", explica el equipo a cargo de interpretar los resultados de la encuesta.

De hecho, algo más de un tercio de los participantes (36%) le atribuyó a la espera para la consulta la necesidad de suspender un tratamiento en los últimos 12 meses. Entre los afiliados al PAMI y los usuarios de los hospitales, la proporción fue mayor (respectivamente, el 55 y 51%).

"En general, la población está satisfecha con los profesionales de la salud, pero a la hora de evaluar el sistema, la accesibilidad, los costos y la percepción de una modificación hay una abrumadora proporción que está insatisfecha con el sistema de salud", resumió Daniel Lew, miembro consultor del área de salud de Poliarquía e integrante del Servicio de Medicina Familiar del Cemic.

Esa insatisfacción reside también en la confianza de que, ante un imprevisto, como una enfermedad o un tratamiento más complejos, la cobertura sea suficiente. En la encuesta, el 70% de los asociados a prepagas dijo que confía en que recibiría la asistencia necesaria "sin dificultades", lo que bajó al 58% entre los usuarios del sistema público.

Frente a estas diferencias, los responsables del relevamiento concluyen: "No sorprende que los servicios médicos de la Argentina sean percibidos como inequitativos".

Pero al ir un poco más allá e indagar ciertas percepciones, los resultados son cada vez más interesantes. De hecho, ante la pregunta sobre si "la mayoría, unos pocos o casi ninguno" de los argentinos tienen acceso a un servicio de salud adecuado, el 77% opina que el acceso a la atención es más "un privilegio de elites" que un derecho universal.

Es más, el 89% considera que hay que modificar el sistema de salud para ser "más eficiente y justo". Para más de la mitad de esa población, necesita "muchos cambios" y para algo más de un tercio, "bastantes cambios".

Los principales problemas señalados son, básicamente, estructurales, de organización, cobertura y equidad. Un 56% afirma que el acceso no es equitativo porque "unos pocos" tienen un acceso adecuado a los servicios que necesitan, mientras que un 21% considera que el acceso es muy prohibitivo ("para casi ninguno").

En la ciudad de Buenos Aires sorprendió que un 93% indicara que no tiene acceso a los servicios que merece, según destacó Lew.

La encuesta se hizo en junio de este año con una muestra de 1288 mayores de 18 años, que, por sus características, es representativa de la población general mayor de edad en el país.
Fuente: La Nación

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