El proyecto original sobre regulación de alquileres fue presentado por la senadora Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria-PJ) el 4 de abril de 2016, y la Cámara alta lo aprobó por unanimidad el 23 de noviembre de ese mismo año. Fue girado entonces a Diputados, donde el debate se activó este año por pedido del presidente Mauricio Macri.
La Comisión de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (Pro), emitió dictamen el pasado 16 de octubre, tras escuchar a los actores involucrados. El proyecto quedó así en condiciones de ser tratado en el recinto, pero a pesar de negociaciones de último momento, todavía no hay un acuerdo consolidado en torno a la redacción final.
Según el artículo 1ro. de la Ley 3.821, conocida como "Ley Olmedo", "todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado". En otras palabras, la vigencia de un proyecto de ley es de dos años.
Asimismo, todos los dictámenes firmados seguirán vigentes, dado que este año no se renovaron las Cámaras, con lo cual la Orden del Día seguirá en pie. De todos modos, fuentes legislativas informaron que, en particular, el proyecto con media sanción del Senado -presentado en 2016- sí caería, con lo cual habrá que resolver si el trámite parlamentario debe volver a comenzar.
El dictamen de Legislación General establece un mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres -el Senado había votado un reajuste anual-, con un valor que resultará de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) medidos por el Indec.
