La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dictó esté miércoles un cuarto intermedio hasta mañana a las 12.30, cuando dará a conocer qué temperamento adoptará respecto de los planteos que formularon las defensas de Cristian Gabriel Hernández, que es asistido por los defensores públicos, Rodrigo Juárez y Fernando Callejo; y de Ariana Gisele González, que es representada por las defensoras públicas, Antonella Manfredi y Mariana Montefiori. Los acusados, al momento del hecho, en octubre de 2021, tenían 24 y 22 años, respectivamente. Kathaleya Quetzaly, la víctima, hija de la pareja, sólo dos meses de vida.
La audiencia exhibió los intereses contrapuestos de los imputados. Esto se corroboró en la posición que fueron adoptando los fiscales, Evangelina Santan y Mariano Budasoff, ante los distintos planteos. Así, acompañaron algunos de la defensa del varón, pero se opusieron a la prórroga de la jurisdicción para que el futuro juicio ante un jurado popular se realice fuera de Paraná. Los defensores argumentaron el estado de conmoción que generó el caso en la opinión pública de la capital provincial, que se informó de los pormenores del caso a través de los medios.
Ampliación
Los fiscales también se opusieron al pedido de la defensa de la mujer para que se realice una ampliación de la capacitación en violencia de género que reciben los jurados populares a través de un video de 20 minutos que versa sobre la Ley Micaela, solicitando que se agreguen no más de cinco minutos para ampliar sobre los distintos tipos de violencia, especialmente sobre la violencia vicaria -es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres.
Prórroga
Los defensores solicitaron que el futuro juicio se realice en otra ciudad distinta de Paraná. Resaltaron el estado de conmoción social que generó el caso, añadiendo que fue tal al punto que movilizaciones de vecinos impidieron que se hiciera efectiva una medida judicial que había concedido la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria a uno de los acusados.
Fiscalía se opuso al pedido entendiendo que no hubo tal estado ni fue probado y realizó consideraciones jurídicas diferenciando el supuesto estado de conmoción citado con lo que se entiende como opinión pública. También entendió que se desvirtuaría la Ley que regula el Juicio por Jurados, afectado la garantía del juez natural. Las defensoras no se opusieron al pedido de prórroga de la jurisdicción, pero aclararon que no era un pedido que hicieran propio.
Preparación
Las defensoras sí realizaron pedidos que hacen a su teoría del caso: su asistida era víctima de violencia de género y atravesaba un estado de salud mental precario. En este sentido, solicitaron que se le realicen estudios psicológicos psiquiátricos para determinar si está en condiciones de asistir a un debate ante un jurado popular. Incorporaron los estudios que le realizaron especialistas en aquellas ciencias pertenecientes al Poder Judicial y particulares, y solicitaron que forenses de Tribunales aborden a su asistida para determinar si será necesario prepararla para aquella futura instancia sin que se desestabilice, generando un riesgo para sí o para terceros y la suspensión de la audiencia.
Las defensoras resaltaron que no es su intención dilatar la realización del debate, añadiendo que su asistida quiere que se realice porque es la más interesada en saber qué sucedió con su hija. Fiscalía no se opuso y solicitó que los estudios los realicen profesionales de los Equipos Técnicos del Poder Judicial y añadieron que en cinco días se informe si la imputada está en condiciones de estar en el debate y ejercer una defensa material efectiva. (APF)
