Policiales La defensa reclamó la absolución

Fiscalía pidió 5 años y medio de prisión para Canosa

Los fiscales Malvasio y Brugo además pidieron que Juan José Canosa, ex titular de Sidecreer, reporte cada 15 días su actividad. Está siendo juzgado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública agravado.
Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo emitieron este miércoles un duro alegato contra el ex presidente de Sidecreer Juan José Canosa. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron 5 años y medio de prisión por el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública agravado. Asimismo, solicitaron que el ex titular de la tarjeta de crédito reporte a los estrados cada 15 días sobre sus actividades y en caso de querer salir del país, requiera autorización al tribunal. En el alegato acusatorio, consideraron que Canosa fue funcionario público, que tuvo la intención de contratar innecesariamente con tres empresas conformadas por familiares y amigos; y los fiscales dedicaron un pasaje a advertir sobre la "mendacidad" de algunos testigos que depusieron en el debate. En el pedido de pena, también se reclamó que se lo inhabilite para ejercer cargos públicos. Enfrentada a esa postura se posicionó la defensa que requirió la absolución del imputado. El veredicto se conocerá el próximo miércoles a las 12.30. Juan José Canosa escucha cada palabra que se pronuncia con suma atención. Mira una pila de papeles y carpetas que tiene sobre el escritorio, mezcladas con un Código Penal. Toma una lapicera con su mano izquierda y anota, apretando los labios. Levanta la vista, observa la pantalla de su notebook, hace un paneo general por la sala y vuelve a anotar. También consulta con uno de sus abogados, el que se sienta al lado suyo: Raúl Barrandeguy. Ese defensor lo acompaña junto a Candelario Pérez. A ambos hombres, hoy, Canosa los calificó como sus amigos.

La actitud del ex titular de Sidecreer se ha mantenido así, regular, repitiéndose una y otra vez a lo largo de todo el debate. Esa imagen, un cuadro pequeño, podría decirse que plasmó hoy su última estampa. Porque ya no habrá producción de prueba ni alegaciones en este juicio, porque el veredicto del tribunal se conocerá el próximo miércoles. Y, desde entonces, comenzará una nueva etapa del largo proceso.

Pedido de pena

Este miércoles, los fiscales Malvasio y Brugo solicitaron 5 años y medio de prisión para Canosa. Le achacaron el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Precisamente, los representantes del Ministerio Fiscal consideraron que el ex presidente de Sidecreer, en ese rol, se interesó en contratar a tres empresas integradas por familiares y amigos suyos, para beneficiarlos con 32 licitaciones de la tarjeta de créditos por montos millonarios. Además, los fiscales pidieron que se lo inhabilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

En caso de ser condenado, hasta que la sentencia quede firme y mientras dure la apelación de los defensores, los fiscales también reclamaron que el ex titular de Sidecreer concurra cada 15 días a los estrados, para dar cuenta de su actividad. Asimismo, requirieron que se le prohíba salir del país si no es con autorización de los jueces, porque consideran que existe peligro de fuga.

En su alegato, Malvasio valoró una queja del imputado en sus reiteradas ampliaciones indagatorias. Es que Canosa dijo más de una vez que estaba solo afrontando el debate. "Sus consortes de causa, familiares y amigos, todos solicitaron la suspensión del juicio a prueba. Hablamos de su amigo personal Diego Urba y la esposa María José Cuestas; de Mirta Gueler, suegra de Carlos Canosa, hermano del imputado; hablamos del tío José Daniel Romero, casado con María del Carmen Paúl, hermana de la madre de Canosa", sintetizó. Los mencionados que en un principio habían sido imputados como partícipes necesarios, conformaron las empresas Excelcom; JDR Construcciones y Texmer.

Las contrataciones "promiscuas"

En el alegato acusatorio se calificó de "promiscuas" las contrataciones a las empresas de familiares y amigos. "Texmer se creó con el único objetivo de contratar con Sidecreer, se ve en correlación con los remitos y facturas. En segundo lugar, esta empresa se contrató sólo para proveer a una maratón innecesaria, porque así la consideraron presidentes de Sidecrer, porque entendieron que era un gasto superfluo. La maratón beneficiaba a Carlos Canosa y Mirta Gueler. Era el propio Canosa quien invitaba a Texmer a participar de las licitaciones de Sidecreer, el propio Canosa adjudicaba a Texmer esas licitaciones y también notificaba la adjudicación a Gueler en el domicilio de Carlos Canosa y Alicia Cuestas. ¿Por qué el presidente de Sidecreer notificaba una adjudicación en el domicilio de su hermano? Porque su hermano era el socio de la empresa beneficiada", marcó Malvasio.

El fiscal también reseñó que Texmer denunció el domicilio fiscal a la AFIP en la casa de Carlos Canosa, donde el propio ex presidente de Sidecreer notificó licitaciones. Dijo que cuando fue el allanamiento en ese domicilio, Carlos Canosa había sacado toda la documentación comprometedora, tal como pudo oír una agente de fiscalía en un audio de whats app. "Carlos Canosa sacó toda la documentación que lo podía comprometer a fin de burlarse de la acusación. Y pudo hacerlo porque llegamos tarde, porque la nota periodística salió el 13 de enero de 2017 y nosotros llegamos con el allanamiento el 23 de enero", explicó.

"Texmer se dio de baja en AFIP en mayo de 2016. Unos meses después que Canosa dejara la Presidencia de Sidecreer", advirtió Malvasio y señaló una licitación que ganó Texmer y resultó con un monto 20.000 pesos superior a otras ofertas.

En otro tramo, el fiscal se refirió a las contrataciones de Sidecreer con JDR Construcciones. "Esa empresa es de José Daniel Romero, tío de imputado, casado con la hermana de la madre de él. Romero contrató mediante licitación privada y contratación directa. En este caso, Canosa también invitó, adjudicó y notificó con la misma promiscuidad que a Texmer. JDR Construcciones solo contrató con Sidecreer bajo la presidencia de Juan José Canosa, ni antes ni después".

Párrafo seguido, el fiscal se dedicó a Excelcom. "Es una empresa de Santa Fe. Ya desde ahí está fuera de la ley, porque se debió dar preferencias a empresas de Entre Ríos. Excelcom contrató en 16 oportunidades con Sidecreer por sumas millonarias. En una oportunidad fue por más de 110 mil dólares, y en otra por más de un millón y medio de pesos. El directorio de Excelcom está conformado por Diego Urba, su mujer María José Cuestas y en un momento también formó parte Alicia Cuestas, esposa de Carlos Canosa e hija de Mirta Gueler. Canosa invitó, adjudicó y notificó a su amigo personal Diego Urba de las contrataciones con Sidecreer".

"Los testigos que vinieron con un guion"

Otro de los puntos que tocó el representante del MPF estuvo vinculado a la declaración de algunos testigos. "Vinieron con un guion, a mentir y a ser mendaces para testimoniar más allá del juramento de verdad. Esto llama la atención porque desprestigia el servicio de justicia. Nosotros como fiscales dejamos de hacer planteos advirtiendo la mendacidad porque entendimos cuál es la postura del tribunal. Pero hay que poner el acento sobre la declaración de Silvia Kupervaser, vicepresidenta de Sidecreer, una testigo que acomodó su discurso a la teoría del caso de la defensa. Tendrán que observar el registro fílmico para ver los gestos cómplices con el imputado cuando la Fiscalía le hacía preguntas. Eso fue lamentable. Su declaración sólo dejó un dato importante: que su cargo es político. Ninguna empresa privada, con fin estrictamente pecuniario, va a contratar como vicepresidenta a una mujer que como único antecedente puede alegar su trabajo en cooperadoras de escuela", cuestionó con dureza Malvasio.

Asimismo, se pudo escuchar al director de Ceremonial de la provincia. "Fernández reconoció que confecciona la nómina de autoridades pero cuando se le preguntó por qué incluyó a Sidecreer dijo 'por usos y costumbres'. Esa respuesta no resiste ningún análisis. Quienes integran la nómina de autoridades son todos son funcionarios públicos".

Luego pasó al testimonio de la gerente general de Sidecreer, Gabriela Vergara. "Tuvo muchas contradicciones. Cuando se le preguntó si canosa invitaba a las empresas a participar de licitaciones y dijo que no, que ella invitaba y que el imputado intervenía solo para adjudicar. Después agregó que Canosa firmaba las invitaciones sólo para proseguir con el trámite", criticó Malvasio.

"El contador Rabbia develó distintas irregularidades en Sidecreer. Se le preguntó cómo estimaba el precio para la licitación de remeras, cuando no venía con importe del área de compras. Entonces se puso nervioso y dijo que hablaba de manera informal con la jefa del área de compras. Se le preguntó entonces si esa fue la única oportunidad y dudó. Y después se le preguntó cómo controlaba directorio las licitaciones y no tuvo respuestas. Estas son desprolijidades dolosas que tuvieron la intención de beneficiar a familiares y amigos de Canosa", resumió Malvasio.

"Funcionario e interesado en las contrataciones"

Por su parte, Santiago Brugo se encargó de enumerar los argumentos por los cuales consideran que Canosa sí fue funcionario público mientras presidió Sidecreer. "El propio Estado provincial lo reconoce como tal, por eso figura en la nómina de autoridades de la provincia. Quienes trabajan para sidecreer son todos funcionarios públicos. Por eso el reglamento de la tarjeta habla de empleados y funcionarios", remarcó.

Además subrayó que Canosa se interesó en beneficiar a familiares y amigos con contrataciones de Sidecreer. "Intervino en 32 contrataciones cuando tenía que abstenerse, porque así lo dice la Constitución Provincial", dijo.

Brugo también analizó los agravantes y resumió varios puntos:

- Que Canosa fue la máxima autoridad de la tarjeta de créditos.
- Que ocultó maliciosamente su amistad con Diego Urba y su vínculo con Romero.
- Que contrató con su hermano que creó una empresa para contratar con Sidecreer.
- Que no podía intervenir en ninguna etapa de estas contrataciones, inclusive cuando la asamblea las aprobó.
- Que los montos de las facturas fueron por sumas millonarias.
- Que hubo contrataciones innecesarias.
- Que hubo contrataciones a empresas que nunca habían contratado con Sidecreer, salvo cuando Canosa presidió.
- Que ninguna de las personas que benefició pasaba apremios económicos.
- Que el imputado conoce con creces la ilicitud de sus hechos.
- Que esta no fue la primera experiencia como funcionario público de Canosa.

Defensores pidieron absolución

Ese fue el reclamo de los defensores Barrandeguy y Pérez. El alegato de los abogados comenzó pasadas las 12 de este miércoles y sumado a las últimas palabras, la audiencia se extendió hasta las 15.

En primer lugar, Barrandeguy se quejó de la "persecución penal". Aseguró que la acusación se mantuvo por una "cuestión personal" y que los fiscales proyectaron en "conductas inmorales" en la persecución penal. "Esto violenta estado de derecho", denunció Barrandeguy.

También respondió a la alegación de Malvasio sobre la "mendacidad" de algunos testigos. Para Barrandeguy, se "amedrentó" a mujeres. "Un amedrentamiento llevado a cabo por funcionarios de la entidad, la estatura y la capacidad de los fiscales. La cuestión es impartir miedos. La Fiscalía debe ser la casa de las libertades públicas, el lugar donde se escucha a personas doloridas, un lugar de altísima estatura ética", aleccionó.

"La persecución de los delitos debe estar connotada por la imputación, que es lo que habilita y hace operativa la justicia penal. En esto yo destaco que los fiscales no nos informaron qué hechos le imputaron a Canosa. A nosotros, la imputación nos iba a permitir asumir el ardid que fue acusado. Primero se dijo haber direccionado, después se modificó y después eso desapareció. No hubo una cuidada exposición de la manera en que estas contrataciones se realizaron.

Más adelante el abogado dijo que Sidecreer es una empresa del Estado. "Los certificados de acciones de IAFAS y IAPSER deben estar en el Tesoro del Estado", admitió, deslizando la condición de funcionario. Pero negó que "Canosa se haya interesado en las actividades de algunos de sus familiares y amigos. Para que el funcionario público se interese tiene que hacer activos los intereses. Hacer activos los intereses no es tener un interés. El imputado no se interesó. Sí tenía interés. Y esto es penar el pensamiento. Esto que condena la Fiscalía podría ser una falta disciplinaria administrativa. No fue imputada la violación de una norma jurídica sino moral", remarcó.

En otro tramo, Barrandeguy sostuvo que los testigos dijeron la verdad. "Pasa que los asustaron con los interrogatorios porque los fiscales querían que los testigos digan lo que a la Fiscalía le convenía", se quejó y tildó los interrogatorios de "aterradores".

Por su parte, Candelario Pérez se encargó de sostener que Canosa no era funcionario público. "Quiero dejar sentado que no se lo puede juzgar por el delito que se le atribuye y que tenemos enfoque diferente al de fiscalía".

Los defensores reclamaron la absolución del ex presidente de Sidecreer y en caso de resultar condenado, que se mantenga la libertad sin restricciones mientras dure la apelación.

"Jamás he mentido"
El imputado pronunció sus últimas palabras. Cuestionó el "largo proceso". Dijo sentirse "dolido", aseguró que "jamás" mintió. Resumió toda la acusación fiscal en un "sentimiento de odio que no se puede demostrar". "Nunca me aparté de las normas, siempre estuve a derecho. Agradezco al tribunal por cómo me ha tratado y a un sector mayoritario de la prensa que ha tratado esto con responsabilidad. Hasta mi esposa tuvo algún inconveniente vinculado a esto. Yo soy respetuoso de la prensa pero he soportado de todo. Se ha dicho que la empresa quedó fundida, con funcionarios enriquecidos para que les cerrara la ecuación. Pero ninguno de estos extremos fue probado. Igual, no guardo rencor con nadie y seguiré luchando con la frente en alto", cerró. (Fuente: Análisis Digital)

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