El vencedor buscaría lanzar rápido su ya esbozado Plan contra el Hambre y convocar a un amplio acuerdo nacional sobre precios, salarios y empleo.
Antes de dar esas señales quedan 43 días por delante en los que deberá conversar sobre la transición con Macri.
Según publica la agencia NA, serán días complicados, en especial porque la desconfianza sobre el peso promete agudizarse en las próximas semanas, para lo cual habrá que ver qué medidas pueden tomarse para contener la sangría de reservas.
El presidente electo deberá enviar señales rápidas para recuperar una confianza que los mercados no tienen en su futuro gobierno.
La renegociación de la deuda, alargando los plazos de pago más allá del 2022, será un punto clave para que el nuevo gobierno consiga el oxígeno necesario.
Las arcas argentinas no están en condiciones de pagar los vencimientos de 2020 y 2021, y el pasado de defaulteador serial del país lo obliga a dar señales claras de que no se caerá en una nueva cesación de pagos.
En la antesala de estos comicios, trascendió que Alberto Fernández se inclina más por estirar los plazos que en aplicar una quita a los bonistas, como pretendería el FMI.
Pero habrá que ver si los números no obligan al nuevo gobierno a reperfilar no sólo los plazos de pago, sino también los montos del capital, como hizo Néstor Kirchner. La deuda a renegociar supera ampliamente los 300.000 millones de dólares, una cifra estratosférica para un Producto Bruto que cayó fuerte en dólares no sólo por una menor actividad económica, sino también por una feroz devaluación que, en menos de dos años, llevó el dólar de 20 a 65 pesos.
Los argentinos son mucho más pobres que hace dos años, y la inflación puso en esa situación precaria a casi el 40 por ciento de la gente.
Alberto Fernández buscará evitar hablar de ajuste en sus primeros meses de gobierno, pero deberá atender las necesidades de equilibrio fiscal si no quiere que el poco crédito que le queda a la Argentina ante la comunidad financiera internacional se termine de evaporar.
Se estima que, sólo en 2020, la Argentina deberá cubrir vencimientos de deuda por unos US$ 65.000 millones, imposible en este escenario de sequía de recursos.
La mayoría de esos vencimientos debería trasladarse a años siguientes, con el argumento de que es mejor esperar para cobrar antes que repetir la experiencia de una Argentina en default.
Detrás de toda esta negociación estará el Fondo Monetario, que aún tiene pendiente un desembolso de US$5.400 millones para este año y que tendrá que sentarse a discutir con el gobierno argentino cómo se estructurará la devolución del préstamo de US$57.000 millones que gestionó el macrismo y que hay que empezar a pagar a partir de 2021. El Fondo intentaría presionar para que la quita de la deuda recaiga sobre los fondos de inversión de Wall Street, argumentando que hicieron enormes negocios con la Argentina en los últimos años.
Pero Alberto Fernández le adjudica al FMI buena parte de la responsabilidad de la crisis ocurrida en el país, y considera que ahora debe asumir las culpas.
El Gobierno del Frente de Todos buscaría así un amplio acuerdo de facilidades extendidas con el organismo multilateral, para oxigenar todo lo posible los vencimientos de deuda.
Como la nueva administración tendrá escaso margen para seguir ajustando las cuentas, una de las primeras medidas de Alberto Fernández sería aumentar la presión tributaria sobre Bienes Personales, en un intento por incrementar la recaudación.
En el mercado descuentan, además, que habrá una política mucho más laxa en emisión monetaria, a tono con las políticas habituales en gobiernos peronistas.
