La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en préstamos millonarios otorgados a integrantes del oficialismo. El banco niega discrecionalidad.
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA).
Frade reclamó un pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades, que pudieran configurar algún delito, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en la concesión de esos préstamos, publicó Ámbito.
Según la presentación judicial, se habrían otorgado préstamos por montos que van desde los 100 hasta más de 500 millones de pesos -en algunos casos equivalentes a unos 350.000 dólares- a dirigentes cercanos al gobierno de Javier Milei. La denuncia apunta a determinar si existieron condiciones preferenciales o un relajamiento de los requisitos habituales.
Qué dice la denuncia
En la denuncia, Frade advierte que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.
Esta semana, empezó a circular en la red social X que distintos funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo nacional obtuvieron, tras la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, créditos millonarios del Banco Nación.
La información difundida surge del sitio web “¿Cuánto deben?" desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Algunos de los funcionarios señalados a partir de ese relevamiento mantienen vínculos con el Palacio de Hacienda y el propio BCRA. Entre ellos, figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -con una deuda inicial de $373.000.000- y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000.
El director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (más conocido en redes sociales como Juan Doe) también aparece con un crédito por $112.948.000. A ellos se suman los diputados de LLA, Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000.
En plena polémica, el Banco Nación sacó un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.
La respuesta a la denuncia
Sin embargo, desde el banco rechazaron de plano las acusaciones. La directora de la entidad, Carolina Piparo, aseguró que “no hubo ilegalidad, ni discrecionalidad ni excepciones” en el otorgamiento de los préstamos. Según explicó, el proceso de evaluación es “100% digital, trazable y basado en la capacidad de pago de cada solicitante”.
Fuentes de la entidad le dijeron al diario Clarín que todos los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que cualquier cliente, y destacaron que el banco concentra actualmente nueve de cada diez préstamos hipotecarios en el país.
En redes sociales, Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones en su contra y aseguró que no se trató de un “crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”.
Campero señaló que tanto “el número de crédito, como el banco que lo ha otorgado y la certificación o documentación respaldatoria son públicos. Cualquiera puede verificarlo”.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron irregularidades en la asignación de los fondos. Entre las medidas solicitadas, se incluye el acceso a los legajos completos de los beneficiarios, actas de directorio y peritajes contables para evaluar posibles perjuicios económicos.
