La defensa de Leonardo Airaldi presentó un habeas corpus preventivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para impedir un eventual traslado del detenido desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el marco de la causa por narcotráfico cuyo juicio oral comenzará en los próximos días. La abogada Mariana Barbitta aseguró que la denuncia sobre un presunto plan para atacar a un juez y a un fiscal “es un disparate” y sostuvo que la situación “carece de seriedad y sustento”.
Según expuso la letrada, existe “una preocupación real por un posible agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”, en un contexto que calificó como “confuso y grave desde el punto de vista constitucional y del derecho de defensa”.
El juicio y las supuestas irregularidades
Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y empresario ganadero, está acusado de liderar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Diamante y Paraná entre 2019 y 2024. La acusación se apoya en escuchas telefónicas y tareas de inteligencia que lo señalan como proveedor y financista de la banda. En el debate oral declararán 51 testigos.
Barbitta explicó que el inicio del juicio previsto para hoy fue postergado porque la defensa no recibió el material informático que sustenta parte de la acusación. “No podemos sentarnos en un juicio sin tener acceso al soporte que contendría las comunicaciones que se nos atribuyen”, afirmó, y agregó que el juzgado respondió que tenía “imposibilidad” de remitir esa información, lo que genera “una nebulosa preocupante”.
“Estamos frente a un déficit muy grave. La Fiscalía formuló una acusación que la defensa no puede corroborar porque no cuenta con los elementos originales”, remarcó.
El allanamiento y el traslado
El segundo escenario que describió la defensa ocurrió el viernes por la noche, cuando se realizó un allanamiento en el pabellón donde está alojado Airaldi. Según Barbitta, se secuestraron carpetas de trabajo vinculadas a la estrategia defensiva. “Se llevaron documentación sin una identificación clara. Eran papeles de trabajo para el juicio”, sostuvo.
La letrada advirtió que, en paralelo, surgieron manifestaciones públicas sobre un eventual traslado a una cárcel federal en Buenos Aires. “A días del juicio oral, trasladarlo implicaría un obstáculo directo para el ejercicio de la defensa”, expresó.
La denuncia de Celis y “lo del disparate”
La polémica se desató tras la declaración de Daniel “Tavi” Celis, condenado a 15 años de prisión, quien aseguró ante el fiscal federal Pedro Rebollo que Airaldi habría pagado 40 mil dólares para que sicarios uruguayos asesinaran al juez Ríos y al fiscal Candioti del juicio mientras veraneaban en Punta del Este. Otro interno, Hugo Giarrizzo, sumó que el supuesto plan también incluiría al ministro de Seguridad provincial.
Para Barbitta, esa versión “es un disparate absoluto”. “No existe ningún plan contra ningún funcionario. Mi cliente jamás tuvo participación en algo semejante”, afirmó. También cuestionó la credibilidad de los denunciantes: “Estamos hablando de personas condenadas, privadas de libertad, cuyas declaraciones deben ser evaluadas con extrema prudencia”.
La abogada recordó que días antes mantuvo audiencias con el fiscal del juicio sin que existiera ningún incidente. “La relación fue profesional y respetuosa. Incluso coincidimos en la necesidad de postergar el debate hasta contar con los CDs”, señaló.
Un enfrentamiento previo
Celis permanece detenido desde 2016 y fue condenado en causas vinculadas al narcotráfico, incluida la que involucró al ex intendente Sergio Varisco. En este sector, circula la versión de un antiguo conflicto entre Celis y Airaldi, originado en un asalto ocurrido en 2016 en una estancia vinculada a la familia del empresario.
Para la defensa, ese antecedente explicaría la denuncia actual. “Resulta alarmante que se instale públicamente una culpabilidad sin juicio previo. Se están vulnerando principios básicos como la presunción de inocencia”, concluyó Barbitta.
El Tribunal deberá resolver ahora el planteo de habeas corpus mientras se aproxima el inicio del debate oral, en un expediente que suma tensión institucional y cruces públicos en la antesala del juicio.