El proyecto para legalizar la eutanasia en la Argentina ingresó formalmente al Congreso de la Nación impulsado por el diputado socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas. La iniciativa propone crear un régimen de “muerte voluntaria médicamente asistida” y busca reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en situaciones de sufrimiento extremo derivado de enfermedades graves e incurables.
El texto contempla dos modalidades distintas: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional médico, y el suicidio asistido, donde el propio paciente se autoadministra la medicación suministrada bajo supervisión sanitaria. Según establece el proyecto, ambas prácticas quedarían incorporadas al sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga.
La propuesta legislativa generó rápidamente repercusión política y social debido a la sensibilidad del tema y a las implicancias éticas, médicas y jurídicas que supone avanzar en la legalización de la eutanasia en el país. Actualmente, en Argentina la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados dentro del Código Penal, aunque sí existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y el acceso a cuidados paliativos.
Qué requisitos establece la iniciativa
El proyecto fija una serie de condiciones específicas para acceder a la práctica. Entre los requisitos se encuentra tener más de 16 años, ser argentino o residente permanente con al menos un año de permanencia en el país y padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico imposibilitante certificado médicamente.
Además, la persona deberá expresar su decisión de manera “libre, voluntaria, consciente e informada”, sin ningún tipo de presión externa. La iniciativa establece que el pedido deberá realizarse en dos oportunidades separadas por al menos 15 días, aunque el solicitante podrá revocar su decisión en cualquier momento del proceso.
El procedimiento incluiría la participación de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en salud mental, cuidados paliativos y bioética. También intervendría una Comisión de Evaluación y Garantías encargada de autorizar cada caso antes de concretar la práctica.
Cobertura obligatoria y objeción de conciencia
Uno de los puntos centrales del proyecto es que incorpora la asistencia médica para morir dentro de las prestaciones obligatorias del sistema sanitario argentino. De aprobarse, tanto hospitales públicos como obras sociales y prepagas deberían garantizar el acceso sin copagos ni restricciones económicas.
La iniciativa también establece que previamente deberá asegurarse el acceso efectivo a cuidados paliativos, dejando en claro que la muerte asistida sería considerada una opción excepcional dentro del proceso de atención al final de la vida.
En cuanto a los profesionales de la salud, el texto reconoce el derecho individual a la objeción de conciencia para médicos y trabajadores sanitarios. Sin embargo, prohíbe expresamente que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por razones ideológicas o religiosas.
Cambios legales y debate político
El proyecto también propone modificaciones en el Código Penal para excluir de responsabilidad criminal a los profesionales que participen en procedimientos de eutanasia o suicidio asistido realizados conforme a los requisitos legales establecidos.
Asimismo, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para habilitar directivas anticipadas relacionadas con la asistencia médica para morir. De esta manera, las personas podrían dejar asentada previamente su voluntad respecto de estas prácticas en caso de atravesar situaciones de incapacidad futura.
En los fundamentos del texto, Esteban Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía personal y evitar sufrimientos incompatibles con la dignidad humana. Además, cita antecedentes internacionales y menciona legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.