El gobierno de Entre Ríos inició un sumario administrativo contra A.D.P., empleada de la Planta Permanente de la Dirección de Comedores, luego de detectarse más de 400 faltas injustificadas entre 2024 y septiembre de 2025, según se detalla en el decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida, que recayó en la Dirección de Sumarios dependiente de la Fiscalía de Estado, busca establecer responsabilidades y determinar las acciones a seguir ante la grave irregularidad administrativa.

El decreto establece que la mujer, M.I. Nº 33.124.765, Legajo Nº 214.001, categoría 5, deberá reintegrar la suma de $14.421.139,22, correspondiente a haberes percibidos indebidamente durante el período en el que se registraron las ausencias. La devolución deberá realizarse mediante depósito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Humano en un plazo máximo de diez días hábiles administrativos desde la notificación fehaciente.

Según los considerandos del decreto, las faltas incluyen numerosos días de inasistencia sin aviso, abarcando todos los meses desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025, contabilizando un total de 407 ausencias injustificadas. El gobierno sostiene que la situación constituye una falta grave a la ética y la responsabilidad del personal estatal y justifica la apertura del sumario administrativo.

Procedimiento administrativo y normativa vigente

El sumario será instruido conforme al Reglamento Aprobado por Decreto Nº 2/70 SGG y sus modificatorios, mientras se encuentra pendiente la actualización del procedimiento administrativo según la Ley Nº 9755. Además, el decreto aprueba la liquidación practicada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, que determinó los haberes percibidos indebidamente.

El artículo 5° del decreto establece que, vencido el plazo de diez días sin que la trabajadora se presente, las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales correspondientes. Esto implica que, además del sumario administrativo, podrían derivarse responsabilidades penales o civiles relacionadas con el indebido cobro de fondos públicos.

La medida fue refrendada por la ministra y secretaria de Estado de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y el gobernador Rogelio Frigerio, quienes destacaron la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión del personal de la administración pública y de proteger los recursos del Estado provincial.