La Justicia federal evaluaba citar a declaración indagatoria al vocero presidencial Manuel Adorni antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con contrataciones en medios estatales.
La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes aguardaban los resultados de distintas medidas de prueba para resolver si avanzaban formalmente con la indagatoria.
Según trascendió en tribunales federales, una eventual citación implicaría que la causa alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.
Viajes y contratos bajo investigación
Uno de los principales focos de la causa es la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, titular de la productora Imhouse. La Justicia investiga si el empresario financió un viaje realizado por el funcionario y su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval.
Aunque el vocero presidencial sostuvo públicamente que el traslado fue abonado con dinero propio, documentación incorporada al expediente señalaría que el vuelo privado fue reservado y pagado por Grandio. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró que la facturación del viaje fue emitida a nombre de la productora Imhouse.
En paralelo, el juzgado ordenó cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre Adorni, Grandio y Horacio Silva para determinar posibles vínculos operativos relacionados con contratos firmados entre la productora y la TV Pública.
Patrimonio y uso de recursos públicos
La investigación también puso bajo análisis el patrimonio del funcionario nacional, particularmente una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según consta en el expediente, la vivienda habría sido adquirida por unos 120 mil dólares y posteriormente remodelada con gastos cercanos a los 245 mil dólares.
Los investigadores sospechan que los ingresos declarados no serían compatibles con el nivel de gastos detectados, además de señalar que parte de las obras se habría realizado sin facturación formal.
Otro aspecto bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al country donde reside Adorni. La Justicia busca determinar si existió utilización indebida de recursos públicos, situación que podría encuadrarse en el delito de peculado.